El desafío de los fiscales al Gobierno de Cuauhtémoc

Estrategias

Por Jesús Castillo García

• El desafío de los fiscales al Gobierno de Cuauhtémoc

• Les recordaron que no están ahí por “por su linda cara”, sino para blindar a Graco

La ratificación en el cargo del fiscal anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez, es una muestra clara de que al Gobierno de Graco Ramírez ya no le importa el qué dirán, sino salvar el pellejo.

Hasta antes de que se celebrara el XXXIX Consejo de Seguridad Pública (9 de agosto en el bunker de Alberto Capella), se daba como un hecho la salida del perredista de la rimbombante Fiscalía Anticorrupción tras una desastrosa actuación en la que no quedó bien con nadie. Sin necesidad de chanchullos, Salazar Núñez alcanza perfectamente la jubilación por años de trabajo.

Por su parte, el Fiscal General Uriel Carmona Gándara había comenzado una serie de acciones tendientes a demostrar que, si bien es cierto que fue designado por un Congreso que obedecía ciegamente al gobierno de Graco Ramírez, él tiene sus propios méritos y nunca ha sido perredista.

Sin embargo, tal parece que en esa sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ya sea antes o después, alguien le recordó a ambos fiscales que si bien es cierto que tienen méritos profesionales, no estarían en ese lugar de no ser por la bendición del todavía gobernador de la entidad.

De otra manera no se puede entender que dos semanas después el fiscal general esté ratificando al cuestionadísimo fiscal anticorrupción. Y si decimos cuestionado es porque no puede negar sus orígenes perredistas, como tampoco que fue empleado del poder ejecutivo, primero en la Procuraduría Fiscal y después en la Consejería Jurídica.

Juan Salazar Nuñez fue designado por el Congreso Local  el 28 de agosto del 2015 por un periodo de tres años para encabezar la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, como un organismo autónomo, es decir, que no dependía de nadie. Al ser una institución nueva, se tardó más de seis meses en funcionar, pero eso sí, el titular cobró puntualmente todas sus quincenas.

Ya totalmente conformada, la Fiscalía Anticorrupción demostró desde el principio para qué había sido creada: para perseguir a los enemigos del gobierno en turno. Así, comenzó con aquellos municipios en los que había indicios de transferencias a la cuenta bancaria del senador Fidel Demédicis Hidalgo, quien se había peleado con Graco y su hijo Rodrigo por la presidencia municipal de Temixco y otros Ayuntamientos.

Luego enfiló sus baterías hacia el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, a quien nunca pudo hacerle nada. Y cuando por fin lo pudo cazar en un restaurante al norte de la ciudad, resultó que sus jefes decidieron que mantenerlo en la cárcel les sería políticamente contraproducente, por lo que no solamente ordenaron su liberación, sino que incluso pidieron su cabeza.

Al final, la Fiscalía Anticorrupción sólo mantiene en la cárcel al ex alcalde de Cuautla, Jesús González Otero, pero hay quienes aseguran que eso se debió a una mala defensa, no a la eficiencia de la institución.

Aun así, fue ratificado por Uriel Carmona Gándara (ya no por el Congreso en virtud de que se reformó la ley y ahora la Fiscalía Anticorrupción es un área más de la Fiscalía General) por un periodo de siete años más.

Este hecho representa un abierto desafío a las nuevas fuerzas políticas que imperan en la entidad tras la aplastante derrota del PRD en julio pasado. Uriel Carmona Jr. tendrá que olvidarse de su intención de permanecer en el cargo al convencer a los diputados de que no tiene compromisos con nadie y que es un abogado morelense, de arraigo.

Muy pocos saben que antes de ser notario, Uriel fue agente del Ministerio Público de la Procuraduría Estatal y recibió capacitación en el FBI porque era el único que dominaba el inglés;  luego estuvo en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el abogado está bien preparado, y no tiene “cola que le pisen”, pero se encuentra entre la espada y la pared.

A esto le agregamos una serie de desafortunados acontecimientos en los que la Fiscalía quedó muy mal socialmente hablando: un linchamiento en Tetela del Volcán; la formulación de imputación a un joven que privó de la vida a otro durante un intento de asalto en el que la Fiscalía insiste (hay apelación al respecto) que no se da la legítima defensa; y el escándalo de los bebés muertos en el Hospital G. Parres; la acusación de un grupo de abogados de que no prestó auxilio a una joven víctima de extorsión, entre otros.

Por si esto fuera poco, hay quejas de que los elementos de la Policía de Investigación Criminal están haciendo de las suyas. El problema es que, si bien es cierto que el fiscal ya no es el empleado del comisionado de Seguridad Pública como ocurría con su antecesor Pérez Durón, Capella sigue teniendo el control de la Policía Ministerial a través de su incondicional Miguel Ángel Marín, director de esta corporación.

Ante todo esto, el Fiscal General permanece inerme, esperando a que transcurran los días, se renueve la Legislatura y los nuevos diputados decidan su futuro.

Además de los dos fiscales ya mencionados, el Gobierno de Graco Ramírez apoyado por 21 de los 30 diputados de la Legislatura que languidece, sigue tratando de blindarse aunque su imagen quede por los suelos.

En ese blindaje entra el Auditor Vicente Loredo, también de extracción perredista, quien ha cumplido al pie de la letra el propósito que le fue encomendado: auditar a los ayuntamientos rijosos y proteger a los diputados salientes.

Pero la principal esperanza de Graco para salir bien librado se llama Héctor Javier García Chávez, apodado “El Gato”. Más que “gato”, Javier García es un “viejo lobo” en la operación política, como lo ha demostrado en los diferentes estados de la República donde ha operado. Es un mercenario pues.

Y es que no se trata de que Javier nos convenza con declaraciones demagógicas de que “ya rompió” con Graco Ramírez, sino de que explique qué hizo con el dinero que le daba el Gobierno para la operación del grupo GxG durante los primeros años del sexenio y de dónde sacó los recursos para hacer su Universidad ubicada en pleno Paso Express.

La Red GxG fue iniciada en 2010 por Blanca Almazo y Bertha Rodríguez, ya después Graco se trajo al Gato para afinarla previo a la elección. Al inicio y durante el Gobierno de Graco le siguieron dando el apoyo para mantener y coordinar la estructura, se habla de que le daban entre 14 y 18 millones al año.

Los hechos demostrarán que Javier García es una jugada maestra de Graco para garantizarle impunidad en la Cuadragésima Cuarta Legislatura, pues a final de cuentas con quien se peleó abiertamente “El Gato” fue con Rodrigo Gayosso porque no le quiso dar candidaturas para su gente, no con el gobernador.

Y ya vimos que Graco es experto en recuperar amistades. Si pudo con AMLO (con quien pronto lo veremos charlando amigablemente), que no pueda con un personaje al que benefició con muchos pero muchos millones de pesos.

Jesús Castillo

Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.