Capella será “El Agustín Montiel” del gobernador Graco Ramírez

Por Jesús Castillo García

“Cuando un Gobernador pone en manos de un policía la gobernabilidad del Estado apuesta al todo o nada y pone en riesgo el desarrollo integral de la entidad con mayores posibilidades de fracasar”, le advirtió el abogado José Luis Urióstegui Salgado al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu a través de un correo electrónico cuyo contenido fue hecho público por el propio remitente.

 

Y Urióstegui Salgado sabe de lo que habla. En el año 2000 el litigante llegó a la Procuraduría de Justicia del estado avalado por todos los partidos representados en el Congreso local y con la tácita aceptación del gobernador panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez, quien le puso como jefe de la Policía Ministerial a Alberto Pliego Fuentes.

 

Pero meses después Sergio Estrada cometió un grave error: traerse del estado de Guerrero a un nefasto carcelero y ex escolta de Ruiz Massieu para que le sirviera como brazo represor desde la coordinación de la Policía Ministerial. Se llamaba Agustín Montiel y era fiel a su amo como un perro guardián.

 

Agustin Montiel
Agustín Montiel

A medida que el veterano jefe policiaco les resolvía todo tipo de problemas, Sergio Estrada y su secretario de Gobierno, Eduardo Becerra, le iban dando cada vez más poder.

 

Así, en el 2002 Agustín Montiel lo mismo acudía a controlar una revuelta a Tlalnepantla que a impedir una diligencia judicial o laboral en el que sus jefes tuvieran interés. Bastaba que Sergio o Eduardo le dieran el nombre de un abogado, empresario o periodista para que Montiel entrara en acción y ya después un agente del Ministerio Público procedía a armar el expediente para darle una apariencia de legalidad.

 

José Luis Urióstegui no se quiso someter a que Montiel estuviera por encima del Ministerio Público y presentó su renuncia, dejando la Procuraduría bajo el control absoluto del coordinador de la Policía Ministerial.

 

A cambio de una aparente efectividad en el combate al secuestro, Agustín Montiel llenó la Comisión de Derechos Humanos de quejas y las agencias del MP con denuncias por abuso de autoridad, pero nadie le hacía nada porque gozaba de la protección de sus jefes. Algunas personas, incluyendo miembros de esa corporación, murieron por órdenes suyas.

 

Es del dominio público cómo terminó sus días el polémico jefe policiaco. En 2004 el gobierno federal descubrió que vendía protección a un grupo de narcotraficantes y lo sentenció a 30 años de prisión. Salió en el 2013 por razones de humanidad sólo para morir en su casa en agosto pasado.

 

Irónicamente, el otrora luchador social hoy convertido en gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, incurre en el mismo error que cometió el panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez con Agustín Montiel y el priísta Jorge Carrillo Olea que en su momento también dotó de suprapoder a su procurador Carlos Peredo Merlo.

 

El emperador Graco le ha otorgado —de facto— a su jefe de policía, Jesús Alberto Capella Ibarra, facultades plenipotenciales de intervenir en todos aquellos asuntos en el que el gobernador tenga un interés.

 

Tras la renuncia del fiscal general Rodrigo Dorantes, la Comisión Estatal de Seguridad Pública que encabeza el tijuanense Capella Ibarra asumió de manera formal las funciones de la Fiscalía General del Estado, al realizar ya sus primeras detenciones en cumplimiento a órdenes de aprehensión, así como el inicio de investigaciones derivadas de delitos del fuero común.

 

Así se desprende de los comunicados de prensa que ha comenzado a emitir la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que de paso  sustituye también a la Coordinación de Comunicación Social de la Fiscalía, al informar de actividades que antes eran exclusivas de la Procuraduría de Justicia.

 

Unas horas después de que asumiera el control de la Fiscalía, elementos del Mando Único detuvieron en el municipio de Cuautla a un hombre que cuenta con un mandamiento judicial vigente. Se trata de Juan Pablo “N” de 27 años de edad, requerido bajo el número de proceso 75/2006-02 por parte del  Segundo Juzgado Penal del Sexto Distrito Judicial del estado de Morelos, sin que se mencione qué delito le imputan.

 

Sin embargo, debido a que el Mando Único no tiene facultades legales para ejecutar órdenes de aprehensión, en la tarjeta informativa dada a conocer por la corporación preventiva, quedó asentado que a las 21:15 horas de este viernes, los elementos del Mando Único realizaban dispositivos de seguridad por las principales colonias del municipio de Cuautla y al circular sobre la calle Carapan, colonia Lázaro Cárdenas, “observaron a un hombre que realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que se acercaron a él y le manifestaron que esa acción representaba una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno y sería remitido al Juez Calificador”.

 

Y como si todos los policías trajeran la lista de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, el boletín menciona que “al verificar sus datos”, se percataron de que tenía una orden de aprehensión, por lo que se puso a disposición de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

 

Otro boletín, emitido también la mañana del sábado 29 de agosto, refiere que “la Comisión Estatal de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, informan que la mañana de este sábado se encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres en el municipio de Puente de Ixtla”.

 

Agrega que a las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 066 que en la calle Luis G. Urbina, casi esquina con calle Sor Juana Inés de la Cruz, de la Colonia Jardines de la Herradura, municipio de Puente de Ixtla, se encontraban el dos hombres sin vida.

 

Derivado de lo anterior, “elementos del Mando Único y de la Policía de Investigación Criminal acudieron al lugar” (siempre juntos) donde encontraron a los masculinos fallecidos por disparos de arma de fuego.

 

Y para finalizar, el boletín oficial advierte que ambas corporaciones “realizaron el levantamiento de cadáver”, y que “la Fiscalía General de Justicia en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizarán las investigaciones correspondientes para la identificación de estas personas y para la detención del o los presuntos responsables de la comisión de este delito”.

 

Un último boletín señala que la madrugada de este sábado, se reportó al número de emergencias 066 que en la calle Corregidora esquina con calle Insurgentes de la colonia Centro del municipio de Emiliano Zapata, se registraba una fuerte riña al interior de un bar.

 

“Los elementos del Mando Único acudieron a prestar el auxilio y al llegar observaron a un hombre tirado en el piso lesionado por golpes y dos sujetos al notar la presencia policíaca intentaron darse a la fuga y dispararon en contra de los oficiales, motivo por el cual repelieron la agresión lesionando a uno de ellos.

 

A pesar de que  el joven lesionado por la autoridad resultó muerto, “la Policía de Investigación Criminal y del Mando Único realizarán las indagatorias correspondientes”, refiere el boletín.

 

Y es que, cabe recordar, el actual encargado de la Fiscalía General del Estado es Javier Pérez Durón, sobrino político del Gobernador Graco Ramírez Garrido, quien sólo firma los documentos como tal, pero el control de todas las áreas está en manos del comisionado Alberto Capella, quien puso en la coordinación de la Policía de Investigación Criminal (antes Policía Ministerial), a su incondicional Miguel Ángel Marín para que, en la práctica, ambas corporaciones respondan a un solo mando.

 

Por otro lado, Capella también tiene el mando en la mayoría de los municipios del estado a través de un convenio que concluye en diciembre de este año.

 

En teoría, los nuevos Ayuntamientos tienen la facultad de decidir si refrendan o no dicho convenio, pero en los hechos, Capella ya comenzó a amenazar a los alcaldes electos, declarando que  “en caso de abandonar el esquema” desarmaran por completo la Seguridad del municipio para dejarla sin radios, elementos policiacos, unidades de patrullaje y evidentemente sin armas de fuego.

 

En esa situación se encuentran los alcaldes electos de Cuernavaca, Yecapixtla y Tlayacapan, más los de Cuautla y Ayala que desde campaña prometieron a sus votantes someter a revisión la permanencia del mismo.

 

Por si esto fuera poco, Graco y Capella han iniciado una campaña mediática en contra del diputado Manuel Tablas, quien se atrevió a proponer la comparecencia del comisionado de Seguridad Pública ante el Poder Legislativo para que rinda cuentas.

 

Sobre Jesús Castillo 150 artículos
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

1 comentario

  1. Chucho, excelente entrega, solo que el amigo de Estrada era Eduardo y no Gerardo como yo.Además somos «Becerras» de distinto corral, o sea, no tenemos ninguna relación de consanguinidad.

    Saludos

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