Gerardo Fernández Casanova
El Presidente López Obrador ha hecho uso de los institutos armados de manera nunca antes vista. En el pasado han sido de gran utilidad en la atención a la población en casos de desastres, en la destrucción de plantíos de mariguana y amapola, en un irregular combate al crimen organizado y en protagonizar el desfile del 16 de septiembre. Trescientos mil elementos sin otra función adicional que la de estar preparados para defender la soberanía del territorio y de la zona marítima exclusiva, en el remoto caso de una invasión extranjera. Un muy oneroso recurso extremadamente desperdiciado que debería ser empleado al servicio del país.
Antes de pensar en aprovechar tal recurso, AMLO ejerció la fuerza de su legitimidad por la que eligió con absoluta libertad a los respectivos General y Almirante Secretarios, rompiendo con la tradicional fórmula de la selección entre las respectivas ternas que le presentaran los altos mandos de ambas instituciones, lo que daba garantías de continuidad a las estructuras de poder internas. López Obrador se dio a la tarea de una minuciosa y detallada investigación del conjunto de generales y almirantes y designó a quienes le significaron una garantía de honestidad, lealtad, capacidad y respeto a los derechos humanos satisfactoria. Los así nombrados no tendrían compromiso alguno más que con el propio Presidente. Así se estrenó el ejercicio de poder que le confirió una votación abrumadora. Subrayo este punto como el nodal en la relación del Presidente con las fuerzas armadas, a las que les ha confiado diferentes encargos.
Un primer encargo sería el de incorporarlos en el programa de pacificación diseñado por el gobierno de la 4T, previa adecuación del marco constitucional que lo permitiera, lograda por consenso de todas las fuerzas políticas, condicionado a una temporalidad hasta el año 2023, cuando la Guardia Nacional deberá estar suficientemente capacitada para responder a la demanda de la seguridad pública, bajo un mando civil. AMLO ordena la no represión, lo que se ha respetado hasta la ignominia.
En un segundo paso, se le entregó al ejército la construcción del Aeropuerto Gral. Felipe Ángeles en reemplazo del cancelado aeropuerto del Lago de Texcoco. La decisión de cancelar esa onerosa y aparatosa instalación fue el segundo caso de ejercicio de la autoridad presidencial, esta vez confrontada con el poder económico; esta circunstancia provocó un alud de amparos y obstáculos impulsados por el más recalcitrante grupo de empresarios, que ponían bajo riesgo de chantajes la ejecución de la obra. La solución fue encomendarla a la Secretaría de la Defensa y su calificado equipo de ingenieros militares. Así manejada, la obra marcha en tiempo y forma, significando un ahorro al erario de más de 200 mil millones de pesos. De igual forma el ejército se ha hecho cargo de obras como la construcción de cuarteles para la GN; de las sucursales del Banco del Bienestar en todo el territorio, así como, de manera destacada, y junto con la marina la complementación hospitalaria para atender la pandemia del Covid 19, con resultados altamente satisfactorios.
Por su parte, a la Marina Armada de México se le encomendó la solución del problema del sargazo en las costas de la Rivera Maya, que significaban una grave afectación a la riqueza turística de la zona. El encargo ha sido cumplido a satisfacción empleando la capacidad tecnológica propia, incluyendo la construcción de embarcaciones especializadas. También se le ha encomendado la gestación de una abandonada industria de astilleros.
El pasado viernes, en el puerto de Manzanillo, el más importante del país, el Presidente anunció la decisión de conferir a la Marina Armada el control de la administración de las aduanas marítimas, y a la Defensa el de las terrestres. Este es un tema de la mayor importancia, sumamente afectado por la delincuencia de todos colores y ante el cual la administración civil se ha visto rebasada.
Los detractores del régimen de la 4T vociferan acusando la militarización del país, al mismo tiempo que acusan de autoritarismo al Presidente. No se confundan; ejercer la autoridad legítima no significa autoritarismo, así como aprovechar productiva y eficazmente un recurso que es de todos los mexicanos no implica militarización. La seguridad de la democracia está a salvo, igual que los derechos humanos. Sigan gritando melancólicos de la corrupción.
gerdez777@gmail.com
Dejar una contestacion