Indefensión de estudiantes y académicos ante autoridades “superiores”

 

 

Segunda parte

 

 

Gaspar Núñez Rodríguez

SE INTEGRAN 31 NIÑOS A LA POLICÍA COMUNITARIA DE GUERRERO. Con este encabezado La Jornada publicó, el 11 de abril la foto que abajo se reproduce. Lo que dice uno de los niños es tan elocuente como la foto misma: “no hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno que nos brinde seguridad”. Así pues, quedan tristemente ilustradas las aseveraciones de mi artículo anterior: más de 13 millones de niños y jóvenes de nuestro país no están atendiendo los estudios a los que tienen derecho, no tienen un nivel digno de bienestar, y en consecuencia, no se están cultivando para desarrollar su potencial. Esto no era lo que queríamos quienes apoyamos a Amlo durante tantos años. ¿Es importante proteger y aprovechar los recursos del país y rescatar la energía, el litio y demás? Sí. Pero ¿no son más importantes 13 millones de niños y jóvenes de nuestro país que deberían estarse preparando para mejorar el futuro de las próximas dos o tres décadas? Me resulta imposible, por ahora, pensar en algo más deplorable.

 

NADA CAMBIA, SEGUIRÉ SIENDO MULTIMILLONARIO. Con este encabezado, por otra parte (la otra cara de la misma moneda) Sin Embargo publicó una nota sobre Salinas Pliego, acompañada de una foto con una sonrisa que mucho recuerda a la famosa sonrisa de Duarte; la declaración del incumbente no desmerece en cinismo y desfachatez ante los mejores tiempos del prianismo. Ahora son otros los que están “en la plenitud del pinche poder”, y la frase del protegeé (o ¿favorito?) del sexenio: “nada cambia”, bien podría convertirse en epíteto de la 4t; y tal como van las cosas, también podría marcar su lápida. Tendremos millonarios que seguirán siendo más multimillonarios, pero no los suficientes jóvenes preparados para el relevo generacional; por supuesto, los de las escuelas privadas y los pocos que llegan a las universidades públicas con algún grado de calidad continuarán tomando el mando, es decir, la brecha de la desigualdad será cada vez más ancha y profunda, y el objetivo de mejorar el acceso a las oportunidades y el de “los pobres primero”, se irán al carajo junto con los que apoyamos el proyecto de Amlo, para beneplácito de quienes pronosticaron que Morena se convertiría en el nuevo PRI (Mario Delgado y Marcelo Ebrard no les dejarán mentir).

 

Una vez le preguntaron a Donald Trump acerca de sus fraudes o evasiones al fisco, y el contestó algo así como: “It makes me smart”. Posiblemente Salinas Pliego “piensa” algo similar, y lo presume.

 

ENTRANDO EN MATERIA. Hace ya algunos ayeres, una revista —enlistada en el famoso JCR— me publicó un artículo científico sobre la inversión pública; como subproducto interesante de esa investigación surgió “Un resultado adicional [es que] las estimaciones indican una tasa de rendimiento alta para la educación formal”. https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/issue/view/21. El hallazgo por supuesto no es nada nuevo, pero confirma lo que en cualquier país con una cúpula política suficientemente informada e interesada en su desarrollo, en países desarrollados y los recientes de rápido crecimiento, se sabe y se hace: Tratar a la educación formal (escolarizada) como lo que es, el pilar fundamental del desarrollo de un país. En México no; el dedo omnisciente puede nombrar a un secretario que ni se tituló, ni estudió en escuelas públicas, ni tiene experiencia en el área, una especie de entrega de la SEP al proyecto de tv Azteca. Y luego a una Secretaria cuyas capacidades y experiencia en el ramo dejan mucho que desear; y encima presume con bombo y platillo que es la primera maestra y mujer en llegar a la dichosa Secretaría, ¡que viva la “igualdad” de género! (la preparación, la capacidad y la experiencia también se pueden ir al carajo, junto con las personas que sí podrían hacer un buen trabajo ahí).

 

SILVIA GIORGULI Y LA VIOLACIÓN DE DERECHOS EN EL COLMEX. Por estos días se cumplen dos años de que inicié un litigio (a través de un despacho) en contra del Colegio de México. En un artículo anterior reseñé las múltiples violaciones que Silvia Giorguli y sus compinches indecentes realizaron en contra de mis derechos humanos, constitucionales, laborales, y contractuales; por lo que en esta parte me quiero referir a la defensa que hace la ley y la justicia en tiempos de la 4T, de los derechos de los trabajadores.  

 

Para comenzar, es deplorable que cuando un empleado académico de una institución pública decide tratar de defenderse a través de un juicio ante la JFCA (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje), el juicio se tenga que entablar en contra de la Institución y no en contra de las autoridades corruptas e impresentables que llevan a cabo la violación de derechos, las cuales se quedan tan tranquilas y campantes (puesto que carecen de cualquier ética o vergüenza); e impunes por supuesto.

 

El segundo punto de importancia es que, debido a la limitación de recursos, entre otros factores, la JFCA no tiene la posibilidad de actuar de forma expedita o al menos con una celeridad razonable, y las resoluciones pueden tardar dos o tres años o más. Si eventualmente al demandante se le otorga un laudo favorable, las “autoridades” que violaron sus derechos, tienen a una gavilla de leguleyos mercenarios a su servicio, igualmente carentes de ética y de vergüenza (y pagados por los contribuyentes obviamente), quienes harán todo lo posible por revertir el laudo que favorece al trabajador agraviado, comenzando con un “amparo” porque “están en su derecho” —lo cínico nunca se les va a quitar—. El juicio de amparo puede tardar otros dos o tres años o más, y después de esto puede haber contrarréplicas, total que para no hacer el cuento largo, hay juicios que han durado más de diez años. ¿Y mientras tanto el trabajador? Bien gracias, que se las arregle como pueda, si puede, y si no que también se joda.

 

¿Ha cambiado esta situación con la 4T? Para bien NO. Si acaso, ha empeorado. Cuando un juicio de estos termina, las “autoridades responsables” (con frecuencia sociópatas en potencia o ya ejerciendo), se han retirado de esa posición (posiblemente a ocupar alguna de “mayor responsabilidad”), y el daño moral, económico, profesional, social, familiar, etc., que le causaron al empleado queda por supuesto, en la completa impunidad. Como diría Salinas Pliego “nada cambia”, en este aspecto también estamos igual o peor con la 4T que con “los de antes”.

 

EL CASO DE LOS PROFESORES DE LA UACM. Ya vimos en una entrega anterior como en la UNAM de Graue pueden dejar de pagar y dejar de contratar a profesores de la máxima casa de estudios con toda la arbitrariedad que quieran, manteniendo en una precariedad indignante, e insostenible en muchos casos, a miles de académicos o docentes; esto se repite en mayor o menor grado en todo el país.

 

Alejandra Santamaría García, impulsora del Movimiento Nacional Contra la Precarización Laboral dice con respecto al IPN: “… hay 16,974 profesores, el 53% van a ser de tiempo parcial, el 24% tiene plaza menores de 20 horas […], van a tener salarios más bajos que los profesores basificados […] nos separan entre trabajadores de primera y de segunda”. Y luego con respecto al país: “ […] alrededor (sic) del país existen 35 universidades estatales, y en el 2020 tenemos rastreados a 720,788 profesores de los cuales 6,937 son de medio tiempo y 48,957 son de tiempo completo, y ahí va la cifra escandalosa, 664,894 somos profesores de asignatura (92.2%) […] el salario que tenemos es cada vez más bajo, en promedio un profesor investigador basificado gana 25,700 pesos, el de medio tiempo 12,500 pesos, y un profesor de asignatura ganamos en promedio 400 pesos (aunque más adelante dice que 4,400 pesos por casi la misma carga de trabajo), por eso el escándalo en la UNAM de los cheques que recibían de dos pesos por todo el trabajo desarrollado durante el ciclo escolar.  Este ataque generalizado y profundización de estos esquemas precarizadores […] también se ve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí hay una discusión por incorporar a los investigadores del apartado A al apartado B, y eso implica reducir derechos laborales, y también se han implementado otros esquemas en los reglamentos del Conacyt para elitizar más cada vez los apoyos que les dan a los investigadores”.

 

Con respecto al caso de la UACM, la abogada y maestrante en derecho agrega: “Aquí la precarización docente ¿}cómo se va a expresar? Pues en la contratación, en el salario, en las jornadas, y en las condiciones de seguridad e higiene. La contratación es por servicios profesionales docentes y eso implica que no hay estabilidad laboral ni muchos de los otros derechos, incluso esa contratación es violatoria del contrato colectivo de trabajo de la propia UACM […] hemos agotado prácticamente todo, escritos, hemos demandado que se nos reconozca como trabajadores, porque incluso eso se nos niega […], la JFCA ha negado la resolución de estos conflictos laborales. También la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hemos presentado queja por violaciones a los derechos laborales y no ha avanzado en la investigación”.

 

Víctor Romero Escalante, Abogado y defensor de derechos humanos y laborales; actualmente cursa el Doctorado de Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Fundador del Movimiento Nacional Contra la Precarización Laboral y los Despidos. Fue despedido de la UACM por exigir derechos laborales junto a decenas de maestros (alrededor de 30). Plantea que la precarización es una política a nivel nacional. A continuación algunos extractos de su discurso: “De la base de datos del propio ISSSTE de 1990 a 2019 […] el Estado solo aseguró dos millones de personas. Cuando llegó el gobierno la 4T llegó con un discurso fuertemente antineoliberal […] sin embargo haciendo un balance crítico y con datos del propio gobierno la precarización no ha desaparecido, sino aumentado: Según datos del INEGI, de principios de 2019 a finales de 2020 hubo una reducción de 415mil servidores públicos, la mayoría de esos despidos en plena pandemia. […] En México existen aprox., 400mil trabajadores de la salud, solo 150mil tienen estabilidad laboral, menos de la mitad tienen garantizados derechos.[…] ”https://www.facebook.com/Movimiento-Nacional-contra-la-Precarizaci%C3%B3n-Laboral-y-los-Despidos-110924477326786/

 

LA PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/96 Y EL CIESAS. Este es un caso más que ilustra como una comunidad científica y académica puede ser afectada arbitrariamente y sin ningún miramiento (también en tiempos de la justicia de la 4T). En un video titulado “Jurisprudencia 196 Sutciesas” publicado con el sello del SUTCIESAS (Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS [Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social]) se informa que el CIESAS es nacionalmente e internacionalmente reconocido, y tiene 7 sedes. Actualmente es un organismo público descentralizado adscrito al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt. https://www.youtube.com/watch?v=6njiBEYsQS8

 

 

Entre paréntesis: ¿Recuerdan a la Señora Ministra esposa de Ríoboó contratista y amigo de Amlo, que fue propuesta por el Señor Presidente, y que ya como ministra de la SCJN viajó a San Antonio y obtuvo una MCAS para los consabidos fines? Pues es esa misma¡¡¡

 

 

Lo que básicamente plantea la señora ministra es que un conjunto de investigadores sean traslados del apartado A al apartado B del artículo 123 constitucional. En el video mencionado se encuentran los comentarios de varios de los científicos sociales del CIESAS. Transcribo a continuación un breve resumen de algunos.

 

Jorge Alonso, Investigador Emérito: “… en septiembre de 1981 formalizamos el sindicato […] pasamos de trabajadores de confianza a trabajadores de base y quedamos bajo el apartado B que en ese momento podíamos ser trabajadores de base y no como ahora […] prosiguieron las luchas y se logró que dejáramos el apartado B y pasáramos al A. Ahora estamos bajo una gran amenaza porque a mediados del año pasado, en sesión PRIVADA, se puso a consideración de la segunda sala de la SCJN la solicitud de sustitución de la jurisprudencia P./J.1/96, la cual nos había permitido pasar al apartado A”.

 

Patricia Ponce, SNI Nivel I: “El cambio del apartado pone en amenaza mi libertad de cátedra y de investigación, de asociación y violenta mis derechos humanos”.

 

Renée de la Torre, SNI Nivel III: “La ley que hoy se busca colocar también desconoce nuestras formas colegiadas de trabajar y vulnera nuestra autonomía a la producción del conocimiento y busca hacer de ella una ciencia de Estado».

Efrén Sandoval, SNI Nivel I: “Considero que un cambio del Apartado A al B […] tendría consecuencias muy graves en contra de la libertad de cátedra y de investigación […] nos veríamos obligados a investigar sobre aquellos temas que nuestro jefe inmediato considerara pertinentes… ”.

 

Laura Machuca Gallegos, SNI I: “Con este hecho, se destruyen mis derechos laborales y se vulneran mi estatus de investigadora mis líneas de investigación dependerían de los intereses de los jefes y podría ser despedida en cualquier momento”. Y más adelante agrega: “¿Por qué en estas condiciones tan complicadas viene esta idea de una magistrada, ahora no? Cuando hay otras cosas que resolver”.

 

Natalia de Marinis, SNI Nivel I “El cambio del apartado A al apartado B implicaría perder certeza laboral fundamental para llevar adelante nuestro trabajo, se perderían también los mecanismos de valuación de nuevos ingresos para la permanencia en las plazas proceso que garantiza la calidad académica de quienes ingresan a la institución, implicaría también perder la libertad de cátedra y quedar sujetos a lineamientos para la investigación”.

 

Libertad Chávez-Rodríguez, SNI Nivel I: “… he estado empleada durante 6 años bajo el esquema de cátedras Conacyt como empleada de confianza, y conozco en carne propia la incertidumbre que implica no contar con certidumbre laboral en la contratación y una libertad de cátedra limitada. Ahora tengo una plaza como profesora investigadora en CIESAS desde hace un mes y eso me había otorgado una perspectiva laboral estable de largo plazo que ahora se ve amenazada por estos cambios propuestos”.

 

¿De dónde habrá sacado la idea la flamante y favorecida señora magistrada? ¿Cómo, porqué, o para qué? ¿Se le habrá ocurrido en alguno de sus viajes a San Antonio?

 

Así las cosas con la indefensión de los académicos en tiempos de la 4T. A los que son no-cuates (no-parientes, etc.) austeridad republicana, a los que sí lo son, generosidad 4tetera.

 

Dr. Gaspar Núñez Rodríguez

Investigador Nacional Nivel I

@DrGasparNunez

https://www.researchgate.net/profile/Gaspar-Nunez  

25 de abril de 2021.

 

 

 

Sobre Gaspar Núñez Rodríguez 17 artículos
Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo; Maestro en Economía por El Colegio de México; Doctor Cum Laude por la Universidad Autónoma de Barcelona; Investigador Nacional Nivel I por el Sistema Nacional de Investigadores en virtud de logros en investigación original.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*