Rigoberto Lorence
La existencia de 200 diputados de representación proporcional –conocidos coloquialmente como “pluris”— en el congreso federal hoy se ha puesto en tela de juicio, tanto por presiones de la sociedad civil como por la necesidad del gobierno obradorista de ahorrar recursos para destinarlos a satisfacer otras demandas de la población.
Ante la escasez de recursos, así como por la política de no endeudar más al país con créditos del exterior, el gobierno federal ha planteado la eliminación de los diputados –y probablemente también los senadores— plurinominales, con el objeto de ahorrar fondos para dedicarlos a otros fines como educación, salud, etc.
En principio, no es pertinente plantear el asunto solo como un problema de flujo de efectivo. Es un asunto político muy relevante. Los ajustes administrativos se pueden aplicar en algunas áreas para evitar la duplicidad en organismos que sirven para combatir la corrupción, o los institutos que se relacionan con las comunicaciones. Hay funciones que se repiten, y por lo mismo se puede suprimir algunos o bien integrarlos en un solo organismo, evitando el dispendio.
Pero no es tan sencillo en el caso de los legisladores plurinominales. Primero, porque son funcionarios de elección popular. Y segundo, porque la representación de minorías es un concepto que está en el origen de la democracia mexicana actual. La elección de ese tipo de legisladores es uno de los rasgos distintivos de la nueva legislación electoral, y tiene su origen en el esfuerzo por abatir el viejo régimen autoritario.
La existencia histórica de la representación proporcional a partir de las reformas electorales de 1977, es consustancial al régimen democrático, porque fueron el punto de arranque de los procesos que nos han llevado a la situación actual, incluyendo la elección del presidente de la República en 2018. El México actual no se puede entender sin tales reformas.
Trataremos de hacer una revisión de los orígenes políticos de la representación de minorías en el congreso federal:
1.- El sistema de partido único llegó a una crisis de legitimidad en 1976, cuando José López Portillo fue postulado por el PRI, apoyado por los partidos satélites (PPS y PARM) y llegó al poder en medio de una crisis inocultable, ya que JLP fue candidato único; mientras tanto, la batalla política por el país no se libraba en el congreso, o en los pasillos del Palacio Nacional, sino en las montañas y en las calles del país, con una insurgencia armada cada día más beligerante.
Valentín Campa Salazar contendió por el Partido Comunista en la elección del 76, y obtuvo alrededor de 1 millón de votos. Pero como el PCM no tenía registro oficial, esos votos fueron anulados. Este hecho subrayó la crisis de legitimidad del sistema, que marchaba aislado del resto de la sociedad, aunque por el momento mantuviera aún la mayoría.
2.- Jesús Reyes Heroles, eminencia gris del gobierno de JLP, se dio cuenta del contrasentido que significaba el que las fuerzas políticas más activas dieran la batalla fuera del recinto oficial, mientras el congreso federal languidecía en medio de debates insulsos, burocráticos e irrelevantes.
3.- Reyes Heroles adoptó el discurso dialéctico reformista (lo que se opone apoya, decía) e inició el diálogo con algunas fuerzas políticas de la izquierda. En 1976 Reyes Heroles inició las pláticas con esa franja de la izquierda. El intelectual orgánico del régimen les ofreció la oportunidad de participar en la política oficial, para lo cual otorgó algunas garantías en nombre de JLP.
Finalmente el gobierno promulgó la LOPPE (Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales) en 1977, en la cual se estableció el principio de la representación proporcional. Surgieron así los primeros “diputados de partido” que más tarde evolucionarían a través de diversas reformas hasta convertirse en representantes de la fuerza electoral de cada organización. Más adelante se agregaron los senadores pluris.
4.- El concepto central de esta forma de representación consiste en que, si bien los nuevos partidos no tenían fuerza ni capacidad para ganar elecciones de mayoría en municipios, distritos y estados, tendrían en cambio la posibilidad de enviar a sus líderes y sus propuestas al debate nacional, ya que esos partidos habían demostrado tener cierto peso local y aún regional. Las fuerzas minoritarias fueron incorporadas como parte esencial de la vida política del país.
5.- Más adelante, a través de diversos debates en el renovado congreso, se adoptó a la estructura actual de 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional, electos por el principio de nombramiento indirecto, en función de la cantidad de votos de cada partido.
6.- Estas medidas fueron tomadas en un momento de emergencia del sistema. Si el gobierno federal abrió la puerta a los legisladores de partido, fue para atraer a las organizaciones políticas hacia el debate nacional y alejarlos de la rebelión armada. Y si los partidos recibieron financiamiento público en grandes cantidades, fue debido a la debilidad de sus finanzas y a que el gobierno privilegió el financiamiento público sobre el privado, tratando de contener la influencia de los grupos de poder fáctico en los asuntos de interés público.
Hoy esas condiciones políticas han cambiado por completo, sobre todo a partir del triunfo electoral de la coalición de izquierda en 2018. Los partidos de mediano desarrollo (PT, PVEM, PES) han tenido años para fortalecer sus estructuras, tanto las que sirven para ganar elecciones por mayoría como para no depender de las finanzas públicas en relación con el sostenimiento de sus cuadros profesionales.
El dinero público no ha evitado la infiltración del sector privado (sobre todo el de origen ilícito) en el financiamiento de las campañas electorales. De hecho, se ha podido comprobar la influencia de grupos criminales en las elecciones locales y regionales.
En este contexto, la renta petrolera del país ha disminuido en proporciones importantes. Hoy, Pemex necesita que el gobierno acuda en su apoyo, y aunque sigue aportando cuantiosos ingresos al fisco, ya no representan el 40% del presupuesto, sino apenas algo más del 10%. Ante la emergencia, el propio AMLO ha planteado –aunque sea de forma cautelosa—la posibilidad de suprimir los legisladores plurinominales tanto como reducir el financiamiento público a los partidos.
En resumen: hoy el debate político no se da entre insurrectos y pacíficos. Hoy se produce entre partidos políticos formados al calor de las polémicas públicas, con dirigentes fogueados en las campañas y con una amplia experiencia lograda a través de los años en el servicio público.
Los ingentes recursos que consumen los partidos y sus legisladores plurinominales ya no pueden seguir fluyendo con la abundancia anterior, como si no pasara nada. El pueblo necesita esos recursos para obtener medicamentos, educación, servicios públicos e inversión en obras de beneficio para la gente del común. Son recursos necesarios para enfrentar al doble asalto de la pandemia y la crisis financiera.
Es posible que la disminución de legisladores se dé por etapas: primero se recortarían 100 y luego los demás a nivel federal. Y mientras tanto, el dinero se iría disminuyendo de manera paulatina. No hay de otra. No se puede seguir con la misma tónica, porque el destino del país depende de la austeridad con que se apliquen los recursos.
Por cierto: de los 500 diputados federales que existen actualmente, 448 quieren reelegirse. En algunos casos es una aspiración legítima; en otros, un simple abuso, porque seguirán percibiendo las mismas dietas aunque anden en campaña y aparezcan en las boletas del próximo 6 de junio. El caso extremo es el del Niño Verde, quien tiene licencia desde hace más de 1 año, pero pretende seguir sacrificándose por el pueblo. Son signos evidentes de la decadencia y agotamiento del sistema de representación vigente.
Si la izquierda tiene realmente vocación de poder, ha llegado el momento de mostrar sensibilidad política. Se deben reducir los gastos superfluos para dedicar los recursos a lo esencial. El nuevo régimen no solo significa pronunciar nuevos y bellos discursos, sino erradicar las prácticas obsoletas y poner en marcha nuevas acciones en el marco de la austeridad.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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