La detención de Alfredo Jaime, una advertencia para el panismo morelense

Por Jesús Castillo García
El gobernador de Morelos es tan proclive a la “declaracionitis” que con frecuencia deja entrever cuál es la siguiente jugada de su estrategia. Cuando el gobernador dijo a los medios de comunicación que aquellos que fueron omisos con la delincuencia son los que hoy le reclaman resultados, al mismo tiempo le estaba ordenando al procurador Rodrigo Dorantes que buscara la forma de darle una lección al panismo morelense.
Ya lo hizo una vez, cuando el diputado Javier Bolaños y la presidenta del PAN Norma Alicia Popoca comenzaron a presionarlo. A los pocos días se anunció el inicio de una carpeta de investigación en contra del ex secretario de finanzas Alejandro Villarreal Gasca. A un año de distancia ha quedado claro que se trató de una “llamarada de petate”, una acusación sin sustento alguno que derivará en un auto de no ejercicio de la acción penal.
Ladino como es, Graco buscó a Villarreal y le extendió su mano con una sonrisa burlona diciéndole que “son gajes de la política”, muy similar al abrazo que le dio a Bolaños definiendo su relación como “amor apache”.
Ahora el pagano es el ingenuo contador público Alfredo Jaime de la Torre, quien hace un año fue secuestrado por delincuentes y hoy está preso en el Penal de Atlacholoaya acusado de Peculado.
Y con esto no estamos defendiendo a Alfredo Jaime, al contrario. A su jefe de prensa Pablo Cruz Cuevas le consta que desde que lo nombraron secretario de Finanzas, y después secretario de la Contraloría, advertimos que tenía cuentas pendientes con la justicia.
“El secretario de Finanzas evita mencionar en su currículum que ocupó el cargo de Subsecretario de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública durante los primeros años de la administración de Sergio Estrada Cajigal.
“Y no es para menos. Fue en esa época cuando la Contraloría Estatal inició diversas investigaciones en torno a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Cesáreo Carvajal Guajardo.
“No fueron irregularidades menores, fueron desvíos de recursos públicos acreditados plenamente por las autoridades de aquellos tiempos, al grado de que fue necesario que la Procuraduría de Justicia abriera sendas averiguaciones previas por la posible comisión de delitos”, escribimos en aquel tiempo.
Y no fueron señalamientos “de oídas” . Quien esto escribe publicó que los números de expedientes SC/3ª./34/03-01; SC/8ª./92/03-01 y el SC/3ª./7479/02-01 eran en los que estarían involucrados por lo menos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y su encargado de administración.
Y cuando fue designado secretario de la Contraloría, advertimos que era una jugada del gobierno panista para “limpiar la casa” antes de dejar la administración.
De igual forma, hoy queremos dejar asentado que la detención de este infortunado ex servidor público es una clara advertencia para Marco Adame Castillo y los que andan organizando marchas en contra del gobierno.
Desde mi particular punto de vista la acusación que tiene hoy tras las rejas al ex secretario de Finanzas carece de sustento jurídico y se va a caer en los juzgados del fuero común o en los tribunales federales como aconteció con los asuntos de Ennio Pérez y Rogelio Sánchez Gatica.
Y es que, si la memoria no me falla, cuando Sánchez Gatica era presidente municipal se hizo todo un escándalo porque no había pagado las cuotas al Instituto de Crédito y ésta institución a cargo de Armando Sanders “congeló” los préstamos a los trabajadores del Ayuntamiento, pero alguien hizo notar que Gobierno del Estado tampoco había pagado y a ellos no les decían nada.
Es decir, si la Procuraduría de Justicia se pone a meter a la cárcel a todos aquellos tesoreros o secretarios de finanzas que no cumplieron en tiempo con el pago de obligaciones, entonces no habrá lugar en Atlacholoaya para todos.
Es como el impuesto Pro-Universidad que cobran los Ayuntamientos. El no entregar ese dinero a la UAEM es una irregularidad administrativa, pero no un delito, máxime cuando no existe una prueba de que dicho recurso haya sido desviado hacia la cuenta personal del funcionario.
Insistimos: todas estas detenciones de ex funcionarios son advertencias para los partidos de oposición que insisten en ponerle piedras en el camino a Graco.
Y si no han detenido a Gerardo Becerra Chávez de Hita es porque no le han encontrado nada, pero seguros estamos de que ya le buscaron hasta si debe cuotas de mantenimiento en donde vive o si ha p

Sobre Jesús Castillo 150 artículos
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.