Por: Manuel Martínez Garrigos*
Es un hecho, está a la vista de todos los morelenses, lo ineficiente e ineficaz que ha resultado el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreú durante los dos primeros años de gestión. En materia de obra pública la única que se observa es el estadio Agustín “Coruco” Díaz. Con respeto para quienes gustan de este deporte, esta obra era innecesaria ante las tantas carencias sociales y económicas que padece el estado de Morelos.
De la inseguridad en la entidad todos los días se escriben historias al respecto. En este rubro el gobierno estatal ha sido incapaz de garantizar la integridad física y patrimonial de los morelenses. En Morelos se vive un ambiente de intranquilidad y miedo, por decir lo menos. Hay razón para ello: en el ámbito nacional, el estado se ubica en los primeros lugares en la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión y homicidio doloso. Ni con la “operación” del C5 se ha logrado detener la inseguridad.
Ante este panorama, el gobernador intenta distraer la atención. Recientemente, filtró información en medios nacionales, posteriormente él mismo lo declaró, que varios diputados estaban coludidos con el crimen. En el caso de quien escribe, el titular del Poder Ejecutivo señaló que se me investigaba por no haber cubierto las cuotas correspondientes ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), durante el periodo que fui alcalde de Cuernavaca. Esta aseveración es del todo falsa.
Hasta el último mes (noviembre de 2012) que fui presidente municipal de Cuernavaca, nunca se dejó de cubrir esa obligación ante el ICTSGEM. Así lo acredita la cuenta pública del ejercicio constitucional correspondiente donde claramente se aprecian enteros; existe un peritaje contable administrativo realizado por perito profesional avalado por el Poder Judicial de la Federación y por el Poder Judicial local; y documento oficial expedido por el mismo ICTSGEM. Tan es así que durante mi mandato nunca les fueron suspendidos los préstamos a los trabajadores del ayuntamiento capitalino.
La indagatoria que al respecto realiza el ineficaz Fiscal General del Estado de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, no es jurídica; a la luz de los hechos esta investigación es parcial, tendenciosa y con claros tintes políticos. Sin lugar a duda, el titular de esta importante institución se ha convertido en el brazo ejecutor del actual gobierno, criminaliza a todo aquel que disiente.
Quien realmente no ha cubierto las cuotas que corresponde al ICTSGEM es la propia administración del gobernador Ramírez. Al 13 de octubre de 2014, el Poder Ejecutivo de Morelos no había pagado 89 millones 375 mil pesos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, por concepto de cuotas retenidas a sus trabajadores.
El adeudo de la administración del gobernador Ramírez fue informado por el propio ICTSGEM, mediante una solicitud de información que se realizó vía el Sistema de Información a Electrónico Infomex Morelos, misma que fue respondida mediante el oficio UDIP/ICTSGEM//211/2014-10, el cual fue firmado por el titular de la UDIP de dicho instituto, licenciado Manuel Israel Cuevas Castillo.
El informe oficial citado, da cuenta puntual de las cantidades que el Poder Ejecutivo debe por concepto del pago de cuotas de sus trabajadores desde el 2008. Pero, concretamente, lo que adeuda la administración del gobernador Ramírez, es decir, del último trimestre del 2012 al 13 de octubre del 2014, son 89 millones 375 mil pesos. Todo esto de acuerdo con la información oficial antes referenciada del ICTSGEM.
Lo anterior deja en claro que, hoy por hoy, la Fiscalía General del Estado de Morelos hace un uso faccioso de la procuración de justicia porque persigue a los funcionarios o ex servidores públicos de oposición, pero por otra parte protege a las autoridades del Poder Ejecutivo que no han cubierto las aportaciones correspondientes al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.
Sería ocioso preguntar si la Fiscalía está investigando al gobernador Ramírez por el adeudo multicitado. En todo caso, lo que debe hacer la administración del gobernador Ramírez es liquidar dicha deuda en vez de adquirir propiedades —a cargo de erario público— a un costo inflado en 525 por ciento.
*El autor es diputado local, LII Legislatura.
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