Gerardo Fernández Casanova
La detención y posible enjuiciamiento de Genaro García Luna en la Corte de Justicia en Nueva York abre la enorme caja de Pandora que es el México actual. Se hace patente el grado de descomposición alcanzado en los últimos sexenios, particularmente los tres anteriores. Las instituciones, no sólo las de seguridad y justicia, todas están afectadas por el cáncer de la corrupción en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. El contubernio entre autoridad y delincuencia hace extremadamente complicado el afán para recuperar la paz y la serenidad en el país.
En realidad ya era por todos sabido tal estado de cosas; el periodismo de investigación ha cumplido a cabalidad su función con gran seriedad y muchísima valentía, principalmente mujeres como Carmen Aristegui, Anabel Hernández y Ana Lilia Pérez, así como los muchos que han perdido la vida por denunciar. La única diferencia es que ahora es la justicia gringa la que nos lo restriega en la cara y hace que “retiemble en su centro la tierra”. Es de dar vergüenza pero viene como anillo al dedo si lo sabemos procesar.
El Presidente López Obrador encabeza una lucha frontal contra la corrupción; la califica como el principal problema del país y actúa en consecuencia en base a la autoridad moral que le confiere su honradez ejemplar, lo que ayuda mucho pero que no basta para el tamaño del problema. Está barriendo las escaleras desde arriba, pero es tal la cantidad de inmundicia que, escalones abajo, se convierte en rocas que la escoba no logra mover. La Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía autónoma, era una cueva de bandidos al servicio del mejor postor y, en gran medida, lo sigue siendo; el Poder Judicial es otro barril de corrupción; qué decir de las policías infiltradas por los criminales.
Se hace un esfuerzo denodado por el Fiscal General, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y por la coordinación de la Guardia Nacional para limpiar de ministerios públicos, jueces y policías corruptos, pero toma tiempo lograrlo y el país tiene urgencia de paz y seguridad, además de reclamar justicia. El Presidente lo tiene claro: atender la exigencia de justicia necesariamente involucra a tal magnitud de fuerzas que, si se atacan frontalmente, crearían una tormenta de ingobernabilidad y se atascaría la posibilidad transformadora; pero también sabe que la transformación es imposible sin destruir los factores de la criminalidad entre los que hay desde sicarios drogados hasta políticos y empresarios encumbrados. Por ejemplo, la fallida operación Culiacán registró una obvia filtración; no de otra forma se comprende la velocidad de reacción de los sicarios. Es muy delgado el hilo y obliga a bordar muy fino.
En este estado de cosas, la no deseada intervención de la justicia de los Estados Unidos en la captura y enjuiciamiento de los malandros de todo tipo, puede ser una inmejorable oportunidad para romper el nudo gordiano con menos riesgo de conflicto interno, dado que se desvanecería la implicación política electoral. Es innegable la capacidad técnica y de recursos humanos con que cuenta la justicia estadounidense, incluso su integridad; exactamente de lo que carecemos en México después de décadas de corrupción, contubernio y simulación.
Este miércoles en la Mesa de Análisis del programa de Aristegui en Vivo, Gabriel Reyes Orona, Alfredo Figueroa y la propia Carmen, especialistas en el tema, propusieron otra alternativa: acudir a la ONU para conformar una comisión de expertos independientes internacionales cuya función, debidamente despolitizada, sea la de conducir el combate a la corrupción y la impunidad, al estilo de la que operó con eficacia en Guatemala. Una alternativa como ésta reduciría los costos de todo tipo que implica quedar supeditados a la justicia norteamericana como única, en beneficio de la soberanía nacional y de la recuperación de los bienes de los criminales para desmontar su poderío.
El Presidente López Obrador pudiera considerar la necesidad de contar con un elemento adicional de este tipo en su estrategia de pacificación. De no hacerlo se correría el riesgo de que en 2021 se conforme una Cámara de Diputados cargada de narcos.
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