Gerardo Fernández Casanova
Está en el Senado la discusión relativa al proyecto de reforma a la legislación laboral en el capítulo que regula la subcontratación de personal, más conocido como outsourcing. Como antecedente hay que decir que tal regulación fue incorporada a la ley dentro del paquete de reformas estructurales de flexibilización, impulsado durante el gobierno de Felipe Calderón por instrucciones del Fondo Monetario Internacional, las que otorgan todas las ventajas al patrón dejando a los trabajadores en extrema indefensión y que, además, favorecen la elusión de las prestaciones sociales y las obligaciones fiscales por las empresas. Esta es una de las más graves aberraciones del neoliberalismo.
Bajo el cobijo de la ley actual se crearon multitud de empresas, llamadas de capital humano, que prestan el servicio de proporcionar personal a otra empresa, para que esta se desentienda del cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales inherentes. La prestadora del servicio se hace cargo de la nómina y de las referidas obligaciones cobrando un costo mucho menor; esto es posible porque la contratista registra a los trabajadores con un salario menor al real con lo que reduce considerablemente las cuotas al Seguro Social y al Instituto de la Vivienda, además de hacer contratos con vigencia anual para no crear antigüedad para la pensión del trabajador. En esta fórmula viciosa se maximizan las ganancias de las empresas con cargo al fisco y la cancelación del futuro y la seguridad del trabajador.
La iniciativa para reformar y corregir esta fórmula criminal, presentada por el Presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, mereció la aprobación unánime de los miembros de la Comisión del Trabajo y de la de Asuntos Legislativos, con lo que estaba lista para su discusión en el pleno y eventual aprobación, lavada y planchada. En eso surgió el estruendo de la protesta empresarial; el Consejo Coordinador y todas las cámaras habidas y por haber pegaron el grito en el cielo exigiendo ser escuchadas lo que, por cierto, ya se había hecho mediante un parlamento abierto de tres días en el proceso de análisis y aprobación en comisiones. Ante la magnitud del reclamo, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, detuvo el proceso y congeló la iniciativa. Se pactó un nuevo parlamento abierto para volver a escuchar a los patrones, cosa que está sucediendo en estos días.
Es obvio que la legislación vigente es una muy valiosa conquista del empresariado que no acepta perder, por lo que la agrega al arsenal de sus chantajes contra un gobierno urgido de que se suelte la inversión privada. Se registra una profunda incongruencia entre el código de ética empresarial postulado por el Presidente de su consejo coordinador, Carlos Salazar, y estas condiciones ventajosas para los empleadores; una u otra pero no se puede jugar con las dos.
En el parlamento abierto, Gómez Urrutia esgrime con rigor los argumentos de justicia, secundado por el Sen. Germán Martínez con la argumentación económica y fiscal (agradable sorpresa que me obliga a retirar anteriores opiniones sobre el personaje) y acompañado del vergonzoso silencio de las centrales obreras tradicionales, incluso de la nueva CATEM. La prensa tradicional conservadora juega su papel reaccionario y, a falta de argumentos, machaca en la pretensión de desprestigiar a Gómez Urrutia. El Presidente López Obrador tendrá que aplicar sus mayores dotes de taumaturgo para zafarse del chantaje y propiciar la reforma en cuestión al menor costo posible y sin coronavirus; tendría mejor margen de maniobra si hubiese un sólido respaldo de organizaciones de trabajadores.
La 4T no es viable con un ejército de reserva de trabajadores sometidos y temerosos.
gerdez777@gmail.com
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