Por Jesús Castillo García
Entre las consignas que tiene la LII Legislatura hoy a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, están la de lograr que el ex secretario de Movilidad y Transportes del Gobierno Estatal, David Gómez Basilio, sea ungido como magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lugar de Orlando Aguilar Lozano, y que el todavía representante del Congreso ante el Consejo de la Judicatura, Julio Ernesto Pérez Soria, sea designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Ambos son compromisos adquiridos por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu con los personajes ya mencionados. A Gómez Basilio le deben “la factura” por haber logrado “exitosamente” la venta de 3 mil 500 concesiones para taxis.
El pacto fue que el pastor cristiano convencería a los líderes transportistas que permitieran “regularizar” al grupo de taxistas “piratas” que encabeza Víctor Manuel Mata Alarcón, a cambio de diversas cantidades de placas que los dirigentes podrían negociar con sus agremiados.
Los nuevos concesionarios pagaron 100 mil pesos por cada juego de placas: 25 mil directos en la tesorería con su respectivo recibo, y los otros 75 mil en efectivo que los dirigentes entregaron a los funcionarios de la SMyT.
Grosso modo, hoy el gobierno del estado tiene en sus arcas 87 millones y medio, producto del cobro oficial. Adicionalmente (sin recibo ni nada más que el dicho de los beneficiados) hay 262 millones y medio repartidos entre los líderes, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transportes, la Secretaría de Gobierno y, suponemos, el gobernador, Graco Ramírez.
Ya en una próxima entrega detallaremos cómo se dio la venta de las concesiones. Por lo pronto, baste saber que el pastor cristiano cumplió con su cometido y –asegura a sus feligreses- no se ensució las manos con un solo billete de esos que llenaron cajas y cajas de huevo en las instalaciones de la SMyT.
Lo único que él pidió fue ser magistrado. De hecho, ya le cumplieron la primera parte pues fue designado magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pero suplente.
El magistrado titular, Orlando Aguilar Lozano, concluye su cargo el 30 de octubre de este año al cumplir 65 años de edad. El retiro es forzoso según dispone el artículo 89 de la Constitución del Estado.
¿Entrará en automático el polémico ministro de culto a la magistratura? Especialistas consultados al respecto consideran que sería inconstitucional.
La Constitución Local dice que los suplentes cubrirán ausencias temporales, no definitivas como es el caso de Aguilar Lozano. La solución está en hacer una nueva convocatoria y que Gómez Basilio la gane, pero también está el impedimento que establece el artículo 90 fracción VIII de la carta magna, que establece como requisito para ser magistrado el no haber ocupado una Secretaría de despacho en el Poder Ejecutivo.
Pero el acuerdo es que lo hagan magistrado y por eso los diputados tendrán que poner a trabajar a sus asesores jurídicos para lograr ese propósito, a pesar de que, en caso de conseguirlo, se tendría que excusar en muchos asuntos en los que aparece como demandado en su calidad de secretario de Movilidad y Transporte.
Por otra parte, el consejero de la Judicatura Julio Ernesto Pérez Soria termina su periodo de seis años el próximo 17 de julio de 2015, y el artículo 92 de la constitución del estado dice que no podrá ser designado para un nuevo periodo.
Sin embargo, Julio Ernesto Pérez Soria se autodenomina como el autor intelectual de la ratificación y posterior reelección de la magistrada presidenta Nadia Luz Lara Chávez, por lo que exige cobrar la factura correspondiente.
Pérez Soria fue el enlace entre la magistrada presidenta y los diputados para que éstos últimos pudieran dar de alta a familiares y amigos en la nómina del Poder Judicial, y posteriormente fue “el puente” para convencer a magistrados que votaran por la reelección de Nadia, todo ello con el aval del gobernador Graco Ramírez, quien se sumó a la causa nombrando representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura a Guillermina Jiménez Serafín, una de las magistradas que le dio el voto a Nadia.
Luego entonces, los diputados tienen la consigna de imponer como magistrado a Pérez Soria, a pesar de que carezca completamente de carrera judicial.
¿En lugar de quién? Hay varias opciones.
Las vacantes se dan por la conclusión del cargo de la Magistrada Leticia Taboada Salgado, (PAN) que por cierto recurrió al amparo para que se revise su caso ya que la Constitución no le da la posibilidad de ser ratificada, esto último según así lo determinó el consejo de la judicatura y lo respaldo la actual legislatura; la otra vacante de magistrado supernumerario es la que dejó la magistrada Guillermina Jiménez Serafín, (PRD) para ocupar el cargo de consejera representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, sólo que en este caso los diputados tendrán que decidir, si revocan la licencia que le otorgaron, para nombrar a un magistrado o magistrada supernumeraria, porque de lo contrario tendrían que nombrar a un interino para concluir el cargo, que sería hasta el día 17 de julio del 2015, o dejar el espacio hasta el próximo año, según dispone el artículo 89 de la constitución del estado de Morelos, esto último cuando prevé la figura del magistrado interino.
Por último, está próxima a iniciar la evaluación de cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia para su eventual ratificación por otros ocho años: el supernumerario Norberto Calderón Ocampo (quien fue designado a propuesta del PANAL) y los numerarios María Idalia Franco Zavaleta (PRD), Rubén Jasso Díaz (PAN), Ángel Garduño González (PAN) y Carlos Iván Arenas Ángeles (PAN).
Hay un proyecto para desaparecer la figura de la Sala Auxiliar que conforman los tres magistrados supernumerarios, lo que de concretarse decidiría el destino de los tres funcionarios ya mencionados. En cuanto a María Idalia, Rubén Jasso, Ángel Garduño y Carlos Iván Arenas, difícilmente les encontrarán una causal para emitir un dictamen de no ratificación.
Sin embargo, la consigna es abrir espacios para cumplir con los compromisos políticos del gobernador y los diputados, por lo que poco les importaría a los actuales legisladores heredar juicios de amparo que podrían derivar en pagos millonarios de salarios caídos.
Al fin y al cabo, todo va a cuenta de los bolsillos de los ciudadanos.
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
QUE SE PUEDE DECIR ANTE ESTE POSIBLE TRAFIQUE DE PODER EN PERJUICIO DEL PUEBLO, IMAGINEMOS POR UN INSTANTE A ESTOS TIPOS COMO MAGISTRADOS LA CORRUPCIÓN EN TODO SU ESPLENDOR Y Y LOS COLEGIOS, BARRAS, ASOCIACIONES DE ABOGADOS CALLADOS, SIN DECIR NADA Y ES UN TEMA QUE DOMINAN Y DEBERÍAN YA DE EXPONER SU POSTURA AL RESPECTO,LA DIPUTADA INVISIBLE LUCIA MEZA SOLO CUMPLE ORDENES Y DE CUMPLIRSE ESTA PREMONICIÓN QUE SERA DE LOS JUSTICIABLES EN MORELOS?.