Violencia criminal policíaca no debe quedar impune

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Isaías Cano Morales

Los hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de noviembre en Temixco, Morelos cuyos autores materiales fueron policías integrantes de Grupo de Operaciones Especiales, hechos fatídicos y de entrada condenables desde todo punto de vista,  en los que fueron asesinadas cuatro personas adultas y dos menores, que según información de medios y de misma investigación de los trágicos acontecimientos, agentes policíacos actuaron con saña inaudita, además de premeditación y alevosía y sin que hasta la fecha el Comisionado de Seguridad Pública del Estado Alberto Capella Ibarra ni el Fiscal Javier Pérez Durón hayan ofrecido a la opinión pública y la misma sociedad una explicación convincente acerca de cuáles fueron los motivos que dieron lugar a una acción de criminal violencia característica de bandas del crimen organizado y no de cuerpos policíacos encargados precisamente de la seguridad y salvaguarda de las familias y ciudadanía morelense.

 

De antemano fueron comprometedoras las declaraciones hechas por el comisionado Capella Ibarra horas después de la agresión pretendiendo justificar la salvaje acción de agentes policíacos, junto al intento de fabricar supuestos delincuentes atacantes a policías, y de efectuarse un fuego cruzado todo lo cual se ha demostrado ser falso y precisamente, porque tanto el responsable de la Seguridad Pública y policías mintieron en sus dichos, un juez determinó salieran en libertad los siete detenidos la noche del crimen.

 

El acto criminal cometido contra una familia—cuatros mujeres, un adolescente y un bebé de dos meses— calificado de Lesa Humanidad, con todas las agravantes que refieren ominosa falta de respeto tanto a derechos humanos y la consabida violación a garantías constitucionales, de acuerdo a declaraciones de abogado defensor y de familiares testigos sobrevivientes  de la noche violenta del 30 de noviembre, este sangriento episodio registrado en Temixco, municipio por demás inseguro y violento  colma la serie de actuaciones delictivas a cargo de miembros del llamado Mando Único, lo que completa el contexto de grave inseguridad que se vive en este estado: por un lado, el crimen organizado y la delincuencia común, y por otro, lo inconcebible: policías y sus mandos convertidos en seria amenaza para la paz y tranquilidad pública. No pocos hechos así lo confirman.

 

Ante escenarios de crimen, sangre y violencia en el país y en nuestro estado, suenen a pomposas burocracias las comisiones de Derechos Humanos dada su ineficacia y casi nulo concreto instrumento de defensa y protección de los derechos individuales. Ejemplo al canto: la Comisión de  Derechos Humanos en Morelos (Codhem), cuyo titular  Jorge Olivares Brito, ha dicho que ni el Comisionado de Seguridad Púbica ni el Fiscal Pérez Durón le han contestado los requerimientos que dicha comisión le ha demandado en relación a la matanza de la familia Valdez Chapa, y si la  respuesta llega, se intuye, será para justificar la acción criminal y ahí quedará todo, la impunidad no extrañaría. Olivares Brito, incluso ha demandado al gobernador Graco Ramírez “la verdad” sobre los sangrientos sucesos en Temixco y el silencio ha sido la respuesta. ¿Dónde el respeto y acato de autoridades a recomendaciones de las instancias de los Derechos Humanos consagrados en el artículo 102, apartado “B” de la Constitución?

Inquieta y preocupa el hecho de que desde las altas esferas de gobierno se intente encubrir a  supuestos policías asesinos, no habiendo un motivo que justifique una acción como la ejecutada por miembros policíacos del GOE que rebasa límites de tolerancia y respeto de básicos derechos y donde resaltan los más bajos instintos contra la vida de seres humanos: la saña, el odio, el exterminio, la tortura, y se reitera como inconcebible: a manos de supuestos elementos defensores y protectores de la seguridad ciudadana.

 

También inquieta y preocupa una sociedad poco solidaria, poco sensible, con escasa capacidad de reacción contra la injusticia y contra abusos y actos fuera de la ley que cometen autoridades. El caso del asesinato de miembros de una familia en Temixco conlleva una serie de violaciones al marco de garantías y derechos que debe tener de una sociedad, la que al parecer, a fuerza de sufrir atropellos, de sortear peligros y de vivir o ser testigos cotidianas violencias, ve con indiferencia el dolor y sufrimiento de sus semejantes. Es lo peor que nos puede pasar como sociedad: No mirar, ni ser susceptibles, perder la capacidad de asombro y de coraje contra todo tipo de injusticias y actos de barbarie de los que nuestro estado y país y sus ciudadanos son  víctimas.

 

 

Chay_cano@hotmail.com

 

Escrito por Isaias Cano Morales

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