Desplegado de los manipuladores de siempre

 

 

J. Rigoberto Lorence

Un grupo de personajes que se desempeñan en las áreas del periodismo, el arte, la ciencia y la cultura publicó la semana pasada un desplegado donde piden al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que no prosiga en sus ataques contra la libertad de expresión, ni degrade el lenguaje público.

 

La crítica de dichos personajes “abajofirmantes” sorprendió al público en más de un sentido. Porque su escrito fue ampliamente difundido por los medios formales como la televisión, la radio, la prensa escrita e incluso por los enclaves que mantienen en las redes sociales. El mensaje llegó en breve tiempo a millones de personas.

 

Por lo mismo, muchos lectores nos preguntamos a qué libertad se están refiriendo los críticos de AMLO. Porque no puede ser a la libertad de expresarse como les convenga, ni a difundir sus escritos, porque el desplegado recibió amplia difusión, y ningún mensaje ha sido censurado desde el 1 de diciembre de 2018, cuando el nuevo presidente llegó a ocupar su alto cargo. Al menos, ellos no lo mencionan ni hay registro de algo semejante.

 

Claro que si se están refiriendo a la libertad de hacer negocios por parte de ellos, o por los medios que publican sus textos, ahí sí tienen razón. Ya no les entregan las carretadas de dinero para publicar sus revistas de escasa circulación –tan poca, que el gobierno les tenía que comprar miles de ejemplares, como en el caso de Nexos—y otras de dudosa coherencia.

 

El caso de la empresa que edita Nexos es peculiar. Su dirigente, Héctor Aguilar Camín, fue el intelectual consentido de Carlos Salinas (1988-1994) cuando de la famosa Partida Secreta le financiaron estudios, análisis y diagnósticos y lo convirtieron en el favorito del régimen. Es apenas comprensible que hoy proteste contra un gobierno que no le da dinero, sino que además lo sanciona por haber alterado documentos oficiales para subsanar las obligaciones laborales de su empresa.

 

Si por libertad se entiende la entrega de enormes cantidades de dinero en créditos para financiar una empresa privada como la que edita El Financiero, por parte de la banca del gobierno, ahí sí tienen razón. Porque el dinero de la banca pública –como parte del patrimonio del pueblo—no se fundó para darle preferencia a negocios privados en problemas.

 

Si por libertad se entiende la posibilidad de que el gobierno financie empresas privadas que se dedican a manejar información –periódicos, revistas, estaciones de radio y tv–  y esas empresas la manejan de manera distorsionada para obtener prebendas del propio gobierno, estamos de acuerdo en que esa libertad ya no existe.

 

En el caso de las personas que firman el texto: si por libertad se entiende la posibilidad de vivir a expensas del erario público, convirtiéndose en “intelectuales orgánicos” de tal o cual gobierno, estamos de acuerdo en que ya se acabó. Recordemos que Enrique Krauze durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto coordinó varias jugosas campañas de calumnias contra los candidatos contrarios al sistema. (Ejemplo: la calumniosa Operación Berlín).

 

Para Jorge G. Castañeda –quien incluso fue secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox– la corrupción en oficinas de gobierno es cuestión “de usos y costumbres”. Es lógico que quien ha llegado a barrer la corrupción de tales oficinas no cuente con sus simpatías. Entendemos su malestar, su berrinche. Pero eso no le da derecho a afirmar que el lenguaje del presidente AMLO “agravia a la sociedad”, porque la mayoría de la sociedad mexicana aplaude la política de AMLO de exterminar la corrupción entre los funcionarios públicos.

 

Algunos medios impresos traen un debate muy acalorado con el actual presidente AMLO, y lo han traído siempre, desde que Morena apareció como partido de oposición en el escenario político del país. Ocultaban la información de los evidentes éxitos de Morena como si eso pudiera borrar la nueva realidad política. Hasta que sucedió el diluvio de votos de julio de 2018 y esa realidad se volvió inocultable.

 

Dicen que el presidente “rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”. Es correcto. La confrontación no debe privar en los asuntos públicos. Pero quienes llevan la iniciativa de la confrontación son los medios privados, y entendemos claramente por qué.  

 

Los medios privados luchan por el sueño imposible de un regreso a las prácticas anteriores, por recibir de nuevo grandes sumas por concepto de publicidad. Pero eso ya no es posible, porque hay en el gobierno una nueva moral política, y porque las arcas públicas están exhaustas, hay bajos ingresos fiscales y enormes sumas se deben destinar a la pandemia y a la protección de los sectores más débiles de la sociedad.

 

La sociedad mexicana ya cambió, pero los medios privados de comunicación no se han dado cuenta. Cuando sus áreas de contabilidad les reportan que ya no les alcanza el dinero para el pago de reporteros o colaboradores, los despiden, dando trato especialmente negativo a quienes representan las opiniones más avanzadas, las opiniones de izquierda.

 

Si los medios y los intelectuales adoptaran políticas más acordes con la nueva realidad, y pudieran convertirse en autosustentables, estarían más en concordancia con los cambios. El país ya se está transformando, y ese cambio se les escapó, les ha pasado de noche. Hay varios episodios significativos del cambio: la rifa del avión presidencial, por ejemplo,  ha significado un cambio importante, ya que se trata de vender uno de los símbolos de la desigualdad entre la élite gobernante y las masas populares.

 

Otro tanto ha significado la prisión de Rosario Robles –destacada funcionaria peñista, antigua militante de la izquierda maoísta de  pasadas épocas heroicas. En el mismo sentido han caminado los encarcelamientos de Juan Collado, Oscar y Javier Duarte, la persecución de los delincuentes de cuello blanco, el combate al huachicol y la captura y proceso penal de Emilio Lozoya y su papel convenido de testigo contra sus congéneres, diputados, senadores y funcionarios de Pemex al más alto nivel, así como contra dos expresidentes de la República.

 

Los antiguos y poderosos funcionarios, encabezados por los titulares de la Presidencia Imperial –verdaderos tlatoanis a la cabeza del Estado, de acuerdo con la tradición tenochca— hoy están por completo desacreditados. Hoy son símbolos de corrupción y autoritarismo, que unifican en su contra la opinión de las más amplias capas de la población.

 

Incluso hay que analizar la reciente encuesta publicada en “El Universal”, donde se establece con claridad que los expresidentes concitan el repudio casi unánime de la población, con cifras superiores al 80 por ciento. Hay que tomar en cuenta que la encuesta fue realizada por teléfono, por lo que el repudio es aún más intenso en el seno de la sociedad, ya que ese método excluye a millones de personas que no cuentan con tal servicio.

 

La nueva coalición hegemónica, que apenas tiene el poder en sus manos –políticos radicales, capital nacional y clases oprimidas—apenas está dando sus primeros pasos en el ejercicio del poder. Ha logrado asestar golpes demoledores a los antiguos poderes fácticos, pero aún no ha consolidado un proyecto viable. Sobre todo, los nuevos dirigentes se enfrentan a diario con los grupos de poder real  –entre ellos los medios escritos, la radio y la tv.

 

Los partidos políticos tradicionales –PRI, PAN, PRD—cada vez más pierden fuerza y ya no son ni la sombra de lo que fueron, sobre todo los dos primeros, que llegaron a detentar el máximo poder en el país. Hoy deambulan por los pasillos en busca de fórmulas milagrosas para acreditar su existencia formal, porque como organismos de acceso al poder y de representación política sus funciones han terminado.

 

Hoy, quienes ejercen esa función son algunos grupos de interés; los gobernadores, los medios, los “intelectuales abajo firmantes”, en general grupos cuyos intereses han sido tocados en puntos vitales por la nueva política. El pacto tradicional entre partidos y clases sociales para distribuir la renta nacional ha cambiado en lo esencial.

 

Hoy se trata de transformar la sociedad, no de maquillarla. Cuando los gobiernos neoliberales daban rienda suelta a la explotación y a la represión –por ejemplo: la represión masiva de Atenco, o la Noche de Iguala– tenían necesidad de comprar el silencio de los medios. Hoy no se trata de explotar ni reprimir, sino de hacer justicia a los más desvalidos, de acuerdo con las posibilidades del erario público.

 

La función de los medios privados como instrumentos de control social, de manipulación de masas, de privatización de las palabras dirigidas a la sociedad, ha terminado. Ojalá lo entendieran los “abajofirmantes”.

 

 

 

Sobre Rigoberto Lorence 102 artículos
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.

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