En Morelos triunfó la opacidad

En Morelos triunfó la opacidad

Por Jesús Castillo García

  • Reporte de la representación en Morelos de “México Infórmate” con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber

La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos personales entró en vigor el 28 de agosto del 2003, pero fue hasta un año después que nació el órgano garante que haría cumplir dicha normatividad, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, mejor conocido como el IMIPE.

Gobernaba en ese entonces Sergio Estrada Cajigal Ramírez, un junior que se vio beneficiado por la “ola foxista” del año 2000 y se convirtió en mandatario estatal, pero prácticamente no le tocó asumir una posición clara con respecto al derecho a la información. El IMIPE apenas iniciaba y casi nadie conocía cuáles eran sus funciones.

Marco Adame Castillo habrá tenido muchos errores, pero en materia de transparencia se comportó a la altura. Incrementó el presupuesto al IMIPE y transparentó el manejo de los recursos. Cuando se enteró de que el director del DIF había interpuesto un amparo para no entregar copia de unas facturas solicitadas por este reportero, de inmediato ordenó que ya no se continuara el juicio y se entregara la documentación.

Graco Ramírez Garrido Abreu (PRD) tomó posesión del cargo el primero de octubre del 2012. En su campaña prometió austeridad y transparencia, y no cumplió ni con una ni con otra. Un gasto de seis millones de pesos para remodelar su oficina y cargos por dos millones y medio en consumos en “Las Mañanitas” (el restaurante más caro del estado) es tan sólo una muestra de lo primero.

En cuanto a lo segundo, ha habido resistencia y hasta burla del gobierno estatal en las respuestas entregadas a los peticionarios. Un primer ejercicio realizado por “México Infórmate” en Morelos fue solicitar el documento que acreditara el grado máximo de estudios de cada uno de los miembros del gabinete. En particular, el secretario de Administración, Carlos Rivapalacio, puso a su mejor abogada  a litigar el asunto con tal de que no se supiera que sólo cuenta con preparatoria.

Fue necesario un recurso de inconformidad ante el IMIPE para que el gobernador Graco Ramírez entregara el documento que acreditaba que –hasta ese momento- era pasante en Derecho. Cuando “México Infórmate” le solicitó al secretario de Información y Comunicación Social el documento que acreditara su grado máximo de estudios éste envió su certificado de secundaria.

También hubo poca seriedad en cuanto a la información proporcionada en torno a los viajes realizados por el mandatario estatal. Es información incompleta y confusa. Se informa que el gobernador va a un viaje de trabajo a Chicago, pero no se menciona que aprovechó para pasar unos días con su familia en Nueva York.

Luego va a la India pero no se dice que también van sus dos hijos y su esposa. Viaja nuevamente a Nueva York y asegura haber gastado sólo 108 mil pesos, remitiendo como comprobantes dos boletos de avión y una factura de hotel donde no viene su nombre. No incluye gastos de alimentación, transportación e intérpretes.

Pero el problema grave se vino a partir de que la Secretaría de Hacienda del gobierno morelense accedió a otorgar las copias de las facturas en el rubro de la publicidad oficial. Se armó un escándalo.

“El derecho a la información también tiene límites; cuando la actividad es lícita por parte de un particular no tiene por qué divulgarse solo en razón de que otros, por su postura personal, no logran acuerdos o convenios. Una vez más, de frente, responsabilizamos a quien publique datos personales porque se vulnera el principio básico de la libre empresa”, escribió en su columna Teodoro Rentería Villa, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos (APECOMOR).

“Hacemos responsable a Jesús Castillo si alguno de los mencionados en sus reportajes sufre un asalto o secuestro”, comentó el ex director de El Sol de Cuernavaca, Emilio González Anguiano, en el programa radiofónico “Línea Caliente”.

Quien esto escribe publicó una contestación a la columna de Teodoro Rentería:

“Efectivamente, tenemos posturas opuestas, pero tan inquebrantable la suya como la mía. Usted considera que la información sobre lo que paga el gobierno por concepto de PUBLICIDAD “no tiene porqué divulgarse”. Mi postura es que el derecho a la información no tiene por qué tener excepciones.

“Usted proviene de una dinastía de comunicadores que han vivido (y muy bien) de los contratos de PUBLICIDAD que los gobiernos les han prodigado. Yo formo parte de una nueva generación de periodistas (con título o sin título) que pugna por la transparencia y la rendición de cuentas (Ver Méxicoinformate.org; publicidadoficial.com.mx, Fundar.org.mx)”, decía la carta.

La molestia de los empresarios de la comunicación tuvo sus repercusiones.

En junio de este año el gobernador Graco Ramírez designó como subsecretario de Información y Comunicación Social a Salvador Guerrero Chipres.

El nuevo funcionario es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Ciencias de la Comunicación (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales). Obtuvo el grado de doctor en el Departamento de Gobierno de la University de Essex; cursó la Maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Profesor Investigador en el ITESM CEM (Métodos de Investigación, Géneros Periodísticos, Comunicación Internacional, Comunicación Política). Ha sido maestro en Marketing Político en el CADEC (Centro de Estudios Avanzados en Comunicación Eulalio Ferrer) y maestro en la UIA (Periodismo de Investigación).

Pero más que ese extenso currículum, lo más importante es que Guerrero Chipres es experto en Derecho a la Información. Su último cargo fue como comisionado ciudadano en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Guerrero Chipres

¿Un “portero” de lujo para el gobierno de Morelos?

No es posible afirmar con certeza que sea Guerrero Chipres quien esté contestando las solicitudes de información pública, pero lo cierto es que, después de que la Secretaría de Comunicación Social no contestaba las solicitudes, pedía prórroga y dejaba pasar el término, o simplemente otorgaba la información hasta que se lo pedía el IMIPE (marrullerías pues), en la última petición de datos sobre un proveedor, la respuesta del director de administración, Alejandro Flores Archer (de profesión administrador) fue la siguiente:

“Los contratos por servicios de difusión y los “testigos” no están disponibles en formato de versión pública, por lo cual cuando es requerida esta información, es necesario fotocopiar y procesar los documentos para elaborar la versión pública, en razón de que contienen datos personales de personas físicas y morales; lo anterior tiene apoyo en la tesis que a continuación se citan:

Tesis P. II/2014 10ª. Epoca, registro: 2005522, Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 14 de febrero del 2014, Materia: Constitucional. PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AÚN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD….”.

Asimismo, cita el “Criterio 14/2009, emitido por el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Poder Judicial de la Federación:

CONSULTA FÍSICA DE DOCUMENTOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y/O RESERVADA. ES NECESARIO ELABORAR LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE PREVIO PAGO DEL COSTO RESPECTIVO…..”.

En conclusión, que el peticionario deberá pagar  271 pesos en la Tesorería y llevar el comprobante correspondiente, para que puedan comenzar a elaborar la versión pública de los documentos solicitados.

Ahora resulta que la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno de Morelos ya interpreta tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte.

Por otro lado, sabemos de un proyecto que desaparecería todas las Unidades de Información Pública (UDIP) para concentrar todas las solicitudes en un solo departamento que abarcaría a todo el Poder Ejecutivo. Aunque el argumento oficial es que se busca aminorar costos, también se advierte la intención de que haya un solo “portero” para que no le metan goles al Poder Ejecutivo, pues en la forma actual muchas dependencias están entregando todo lo que se les pide, y en ocasiones, a la misma pregunta las respuestas son diferentes entre una institución y otra.

A todo esto, ¿cuál es la posición del IMIPE?

Para comenzar, hay que partir de que dos de los tres consejeros trabajaron para el Congreso Local antes de asumir este cargo. El actual presidente, Víctor Díaz Vázquez, es médico y en términos futbolísticos era “el portero” de la Cámara de Diputados, es decir, el titular de la UDIP.

Mireya Arteaga Dirzo, abogada,  fue compañera de banca desde la Preparatoria del presidente de la Junta Política, Juan Ángel Flores Bustamante, del PRD.

Y la última en ser designada, Dora Ivonne Rosales Sotelo, es psicóloga y nunca antes había tenido contacto alguno con el Derecho a la Información.

Eso sí, la equidad partidista prevalece en el Pleno del IMIPE y ahí están representados los tres principales partidos, PRI, PRD y PAN, respectivamente.

Una mala señal de que en Morelos la opacidad está ganando terreno es que, para los eventos conmemorativos del Día Internacional del Derecho a Saber, no se tomó en cuenta a organismos de la Sociedad Civil como es “México Infórmate”.

Estaremos atentos a las resoluciones del IMIPE en los recursos que se han estado interponiendo. Advertimos un doble discurso por parte del Gobierno Estatal, por un lado jactándose de ser muy transparentes, y por otro lado orillando a los solicitantes a “litigar” o contratar abogados para poder acceder a los datos importantes.

En lo que respecta a la representación de “México Infórmate” en Morelos, aceptamos el reto. Si hay que recurrir a especialistas en la materia también los tenemos en nuestra organización.

 

Sobre Jesús Castillo 150 artículos
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.

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