Gerardo Fernández Casanova
Es un derecho de la humanidad el poder acceder a los satisfactores que permiten una vida digna. En la actualidad la electricidad forma parte irremplazable de tales satisfactores. En tal virtud su accesibilidad por la población no puede quedar sometida a las fuerzas del mercado, sino que obliga al estado a regular su producción y distribución; pero en tratándose, además de un tema estratégico y de seguridad nacional, tal deber lleva a su generación por el propio estado. Esta condición es la que llevó al Presidente Cárdenas a crear la Comisión Federal de Electricidad y a generar el servicio y extenderlo a todo el país, así como a López Mateos a la nacionalización de la industria en manos de particulares para las que el servicio público no resultaba rentable.
La marea neoliberal impuesta por el gran capital a través de sus organismos financieros por la vía de impulsar el excesivo endeudamiento de los países, para quebrarlos y obligar la renegociación, desde luego condicionándola a las medidas del Consenso de Washington, determinó la ola de privatizaciones y el compromiso de reducir a su mínima expresión la intervención estatal en la economía. En paralelo se auspició, incluso por la vía del fraude, la asunción de gobiernos proclives al neoliberalismo, manejado por tecnócratas formados en sus universidades. Esto sucedió en gran parte de los países del mundo, con resultados desastrosos en materia de desigualdad social causantes de grandes movilizaciones de protesta.
En materia de electricidad se diseñaron formas para la operación del mercado en extremo sofisticadas dado que tal energía no es posible de almacenar. Para el caso el diseño se basó en el control del despacho de energía a la red de distribución, a cargo de entes autónomos independientes del estado, y de priorizar a las empresas privadas en el referido despacho, dejando hasta el final a la producción de la CFE con el objetivo de arruinarla. Amén de otras varias medidas aplicadas al mismo fin, como es la división de la empresa en varias que competían entre sí para romper el monopolio y la contratación de gasoductos y compras de gas natural onerosas para la empresa; además de subsidiar la totalidad del costo de transmisión y otros costos en beneficio de los negocios privados.
Desde su campaña electoral, el Presidente López Obrador postuló el rescate para el pueblo de México de sus empresas emblemáticas, PEMEX y CFE, que son garantes de la soberanía económica nacional. Llegado al poder, fue cauteloso de no incurrir en faltas que implicaran juicios internacionales y optó por la negociación, logrando algunos avances en materia de contratos, pero topó con una intrincada red de protección de intereses, políticos, judiciales, diplomáticos y mediáticos, en lo relativo al mercado eléctrico. Comenzó con un decreto que fue desautorizado por los jueces y por la Comisión Federal de Competencia Económica. Luego formuló una iniciativa para reformar leyes secundarias que fue aprobada por diputados y senadores, dada la mayoría simple de MORENA y sus aliados en ambas cámaras, la que fue objeto de controversia constitucional que se perdió. Así las cosas ahora se manda una iniciativa de reforma constitucional para el mismo fin, la que exige la aprobación por mayoría calificada (2/3 de la votación) para aprobarse, de la cual no dispone el movimiento de la 4T. La recuperación del país obliga a la perseverancia y hasta la tozudez, de las cuales hace gala AMLO.
El asunto ha desatado la batalla por la nación, rabiosa y descarnada pero libre y democrática. La disyuntiva no permite las medias tintas ni los subterfugios demagógicos: Se está a favor de la nación y las empresas que le aseguran soberanía o se está en favor de las empresas, mayoritariamente extranjeras, y su enriquecimiento a costas del pueblo mexicano. Por cierto, de esto último da cuenta lo que hoy se padece en España cuyos nacionales ven crecer hasta 6 veces su factura de electricidad doméstica.
La oposición en las cámaras entra en serios conflictos ante la disyuntiva, con el PAN obstinado en mantener los privilegios empresariales y el PRI conmocionado internamente por las opciones diferentes. Es de esperarse que la opción nacionalista gane la elección. De lo contrario se tendría que llevar a Consulta Popular y, ya sabemos, el pueblo es sabio y no se va a suicidar.
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