Gerardo Fernández Casanova
México vivió durante los 36 años del periodo neoliberal la temporada más oscura de corrupción de su historia, incluida la colonial en que los cargos públicos eran explícitamente vendidos al mejor postor. El gobierno de Miguel de la Madrid postuló una llamada “renovación moral” y creó el esperpento de la Contraloría General de la Federación con rango de secretaría de estado. Supuestamente el gobierno combatía la corrupción del propio gobierno mediante órganos internos de contraloría en todas las dependencias del ejecutivo y un pesado paquete de leyes y normas que evitarían la corrupción. La realidad se impuso: se entorpeció al extremo la obra pública y la corrupción se perfeccionó con el agregado de la simulación; una retahíla de trámites contradictorios generó una nueva capacidad profesional: los especialistas en tramitología burocrática, cuya mayor aportación fue el refinamiento de la corrupción y la elevación de sus costos; salía más caro cuidar que no robaran que lo que se hubieran robado sin cuidado.
Tal condición se aunó con el proceso de la privatización y la globalización neoliberales. Ya no eran sólo compras o contratos de gobierno, sino la perniciosa venta de tramos de soberanía y de la patria, inaugurada con bombo y platillo por Carlos Salinas de Gortari y continuada por sus sucesores, hasta el muy sofisticado estilo de corrupción con marca Peña Nieto, no sin la creación de instrumentos para simular el combate a la corrupción, diseñados por los mismos corruptos que habrían de operarlos. Así, mientras el grupo privilegiado de amigos hacía fortunas inimaginables, el pueblo y el país entero se atascaba en la miasma de la miseria.
La honestidad es una virtud personal que no nace en las leyes sino en la convicción y la conciencia. La ley puede normar el comportamiento social y personal, pero es incapaz de hacerlo en el pensamiento y la actitud. Fue el pueblo el que supo distinguir al probo del corrupto; que en 2018 eligió un presidente privilegiando su probidad y mandando al basurero de la historia a quienes habían hecho de la política una pingüe manera de robar. La gente se quitó las telarañas mentales, inculcadas por la cultura de la mendacidad y la simulación, y supo ejercer, con su voto, el papel de soberano de que está facultado y no se equivocó al refrendarlo en 2021.
Si en algo se distingue el Presidente López Obrador es en su calidad de hombre probo y congruente; lo demás llega por añadidura. Amar al prójimo es un imperativo ético universal que, en el dotado de la virtud, conduce a profesar la política al servicio de los demás, como la más preciada de las fortunas. Es mediante el ejemplo que se combate la corrupción y hoy el resultado es ganancioso.
Traigo a colación el tema para entender el acuerdo del Presidente López Obrador que confiere el carácter de interés público y de seguridad nacional a las grandes obras emprendidas por el gobierno de la 4T, cuya realización se ha visto constantemente obstaculizada por el afán opositor de detener la marcha del país e impedir que el Presidente cumpla con sus compromisos con el pueblo; lo anterior mediante un tortuoso rosario de amparos obsequiosamente otorgados por jueces identificados con el mismo afán disruptivo.
Ya mencioné antes el entramado de disposiciones contradictoras que, so pretexto de combatir la corrupción, sólo sirvieron para entorpecer la obra pública, y que hoy enarbolan precisamente los que robaron a todos simulando su observancia. El referido acuerdo se hace necesario, no para infringir la ley, sino para salvar sus contradicciones al interior del mismo poder ejecutivo, agilizando permisos y rompiendo cuellos de botella; facilitando la labor política de la consulta a los afectados y eliminando la politiquería en su entorno; sin omitir el cumplimiento de obligaciones, pero sincronizándolas entre las dependencias involucradas; cerrando, en resumen, las puertas a la obstrucción descarriladora de una oposición carente de escrúpulos y patriotismo.
No es de gratis que la Dresser clame que se trata de un “golpe de estado”, hay quienes pagan y mucho, unos para que lo diga, pero muchos que verían negado su derecho al progreso y al bienestar, que lo pagan con sangre.
El compromiso presidencial es concluir el paquete de grandes obras en 2023, de manera de no dejar obras inconclusas a la siguiente administración y evitar sobrecostos por dilación.
Me parece perfecto.
gerdez777@gmail.com
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