Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, juró que Washington jamás pidió a México que cortara el suministro a la isla. Horas después, Reuters reportaba que la presidenta Claudia Sheinbaum ya estaba considerando esa política por temor a represalias comerciales estadounidenses. Uno diría que no hubo presión… solo un gentil recordatorio.

El 18 de enero de 2026, un Hércules C-130 del ejército de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Como bien documentaron Ricardo Raphael y Latinus, el gobierno mexicano había solicitado —dos veces— la autorización del Senado de acuerdo con la fracción III del artículo 76 constitucional. Pero resultó demasiado pedir: por motivos diversos, entre ellos el ataque estadounidense a Venezuela del 3 de enero, la comisión senatorial canceló la reunión. Y entonces, cuando el avión ya estaba en tierra, la presidenta declaró que no hacía falta permiso. ¡La Constitución, ese inconveniente administrativo!

Días después, Kash Patel, director del FBI, visitó México y se llevó consigo a dos de los fugitivos más buscados: Alejandro Rosales Castillo y Ryan James Wedding, también conocido como el “Chapo canadiense” y exatleta olímpico. El caso Wedding es casi pedagógico: el FBI aseguró que sus agentes lo detuvieron en México con apoyo de la policía local, mientras que la versión oficial mexicana afirmó, sin sonrojarse, que Wedding se entregó “voluntariamente” a las tres de la mañana. Tras el intercambio de versiones, el embajador estadounidense apareció con un relato conciliatorio, diseñado para que nadie perdiera la compostura… ni la narrativa.

La verdad es que el territorio mexicano ya forma parte práctica del espacio de seguridad de Estados Unidos. Y nuestro gobierno ni siquiera cuida las formas, aunque mantenga el discurso inflamado de “defensa de la soberanía nacional”. Washington se reserva explícitamente el derecho a intervenir unilateralmente cuando considere que México “no hace lo suficiente” para contener el narcotráfico o la migración. Todas las directivas estadounidenses apuntan hacia ese entendimiento. La única soberanía que defenderá el Ejecutivo será la retórica —esa no requiere aprobación del Senado.

Mientras tanto, en Polymarket —el mercado descentralizado de apuestas que Sheinbaum cree que funciona como una quiniela de barrio— se asigna alrededor de 2% de probabilidad de que la presidenta deje el cargo antes del 31 de diciembre, y entre 3% y 7% antes de junio de 2026. Molesto por el atrevimiento, el gobierno mexicano pidió que se retirara la apuesta, como si se tratara de un cartel pegado afuera de Palacio Nacional.

El problema es que el discurso oficial sigue anclado en el siglo XIX: no comprende la lógica de un mercado descentralizado. Cualquiera con criptomonedas y suficiente ánimo de perderlas puede abrir un mercado; no hay censor, ni árbitro, ni funcionario que autorice o repruebe nada. Son los proxies y la comunidad quienes determinan el resultado.

México combate los fantasmas del presente con armas conceptuales del siglo antepasado. Quizá por eso, cuando la Presidencia habla de “soberanía”, el resto del mundo no sabe si debe alarmarse… o simplemente reír.