Compran terreno en 3.1 mdp ¡y se lo venden a Graco en 20 millones!
Por Jesús Castillo García
Los hermanos César Alberto, Osmara Marlene y Sharon Issamar, de apellidos Leal Torres, tienen un futuro promisorio en el ramo de los bienes raíces, pues a sus escasos 28, 24 y 19 años, lograron lo que podría ser la transacción inmobiliaria del año o de la década: comprar un predio en 9.3 millones de pesos y cuatro meses después vender una tercera parte de ese terreno en 20 millones 382 mil 600 pesos.
Una investigación de “Periodismo sin Censura” realizada a través de solicitudes de información pública, deja al descubierto lo que parece ser un “negocio redondo” para el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, o quien se esté beneficiando con la compra del predio donde se pretende edificar la nueva sede del Congreso Local, en un 65 por ciento por encima del precio normal.
En septiembre del 2013, la Cámara de Diputados de la LII Legislatura avaló la solicitud de crédito por más de 2 mil 800 millones de pesos para diversas obras, entre ellas, una nueva sede para el Poder Legislativo, pues a 32 años de que están ocupando ese inmueble algunos diputados consideran que ya resulta insuficiente para las necesidades de la institución.
El acuerdo fue que de los 2 mil 800 millones de pesos, 500 serían utilizados para ese proyecto, mismo que correría a cargo del Poder Ejecutivo, tanto en la adquisición del predio como en la construcción.
En abril de este año, el director de Administración del gobierno estatal, Carlos Riva Palacio Thán, informó que ya se tenía ubicado el predio donde se edificaría el nuevo Congreso: un terreno de seis mil metros ubicado sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, a unos metros del Mercado Adolfo López Mateos.
De inmediato surgieron protestas de ciudadanos al notar que era totalmente absurdo construir un edificio que necesariamente aglutina muchos vehículos en una zona de por sí ya conflictiva.
Lo que nadie sabía es que para ese momento la compraventa ya había sido pactada e incluso se habían pagado tres millones de pesos de un total de 20 millones 382 mil pesos.
LA RUTA DE LA SOSPECHOSA OPERACIÓN
Luego de ubicar el predio (con los datos dados a conocer públicamente por el secretario de Administración) se pudo saber que los actuales dueños son César Alberto Leal Torres, Osmara Marlene Leal Torres y Sharon Issamar Leal Torres.
Una consulta al Registro Público de la Propiedad (folio 1727498) nos permitió comprobar que, efectivamente, los tres mencionados son dueños del predio con expediente catastral 1100-03-029-038 identificado como “Casa ubicada con frente de Boulevard Presidente Adolfo Ruiz López Mateos (sic) y terreno que ocupa en el Barrio de Gualupita en esta Ciudad”.
Tiene una superficie total de 6 mil 884 metros cuadrados, “uso de suelo habitacional” con 377 metros cuadrados de construcción.
De los antecedentes registrados en dicho documento que es público, se desprende que este terreno fue propiedad de Rosario Guerrero Herrera de Diez, quien se lo vendió a Rosario Guerrero de Rassvetaieff en 1973.
El siguiente movimiento que se encuentra registrado en la Foja 213 Tomo CXIV Volumen I Registro 319, es la compraventa “adcorpus” que se llevó a cabo en la Notaría Pública Número 9, ante el notario José Antonio Acosta Pérez el 27 de diciembre del 2013 y que quedó asentada en la escritura número 22820 Volumen DCL Foja 81.
El fedatario referido ordenó inscribir en el Registro Público de la Propiedad que se presentó el licenciado Carlos García Camacho, con un poder notarial firmado por Rosario Guerrero de Rassvetaieff, para transmitir el inmueble descrito en este folio , a las siguientes personas:
César Alberto Leal Torres, con el 33% de la nuda propiedad; Osmara Marlene Leal Torres con el 33% de la nuda propiedad, y Sharon Issamar Leal Torres con el 33.34 de la nuda propiedad, así como Julio César Leal Bobadilla con el 100 por ciento del usufructo.
Con esta información, se solicitó a la Secretaría de Hacienda que contestara si durante el 2014 se realizó pago alguno a las tres personas antes mencionadas. La respuesta fue afirmativa, pero fue necesaria una segunda solicitud para que indicara fecha y cantidad de los pagos. Contestó que el pago fue el 22 de abril y correspondió un millón de pesos a cada uno de ellos por concepto de “adquisición de reservas territoriales para uso público”.
Una nueva solicitud (la 00569514) nos permitió tener a la vista el contrato firmado el 22 de abril del 2014 por la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza y el secretario de Administración, Carlos Riva Palacio Than con los jóvenes multimencionados, por un monto de 20 millones 382 mil 600 pesos por la adquisición de una reserva territorial “para que sea destinada a las necesidades del servicio público de gobierno del estado de Morelos”.
Pero lo más sorprendente es que dicha cantidad no es por todo el predio (6 mil 884 metros cuadrados), sino únicamente dos mil 415 metros cuadrados.
Es decir, que los jóvenes Leal Torres compraron el predio a razón de mil 351 pesos, y lo vendieron a 8 mil 440 por cada metro cuadrado.
En el contrato en mención se establece que “la parte vendedora” se reserva el dominio de “El Bien” hasta que el poder Ejecutivo cubra totalmente el precio convenido por la presente operación “sirviendo el presente contrato de recibo en resguardo de los intereses de El Poder Ejecutivo; y la cantidad de 17 millones 382 mil 600 pesos, dentro del plazo que no deberá exceder del once de junio de 2014”.
Firman como testigos Javier Lenin Mejía Grijalva y Helio Brito Cantú.
Ahora bien, ¿Quiénes son César Alberto, Osmara Marlene y Sharon Issamar, de apellidos Leal Torres?
Tradicionalmente cuando un particular solicitaba una consulta en el Registro Público de la Propiedad, previo pago de 80 pesos se le entregaba un documento conteniendo todas las operaciones que involucran el predio consultado y los datos generales de los intervinientes.
Sin embargo, en el documento entregado a este reportero, en el apartado donde dice “Generales de los Enajenantes y Adquirentes”, ahora viene una leyenda que dice: “Información Confidencial de acuerdo al Artículo 54 y 59 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personas (sic) del Estado de Morelos”.
Sin embargo, lo que sí contiene son los “RFC” (Registro Federal de Contribuyentes) de los adquirentes, de lo que se desprende que estos nacieron en los años 1985, 1990 y 1995, respectivamente.
De manera extraoficial se pudo obtener el dato de que los tres dijeron tener su domicilio en la colonia Salvador Elizarraraz del municipio de Cuernavaca.
Según la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, además de los tres millones de pesos pagados el 22 de abril, hasta el mes de agosto no había sido pagada ninguna otra cantidad a los firmantes del contrato.
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Finalmente la compra y venta de bienes raíces es un negocio. Leí el artículo, cada párrafo está sustentado pero no encontré la ilegalidad… (si es lo que quiso desnudar el periodista). Por otra parte bien por los muchachos si esto es la venta de su vida.
Gracias por tu comentario Yahir. Desde el punto de vista inmobiliario es una venta estupenda, y viéndolo como iniciativa privada no hay ilegalidad. Pero se trata de recursos públicos y las leyes establecen una serie de requisitos para que el gobierno pueda gastar el dinero de los contribuyentes. Aún así, sólo pueden ser sancionados cuando hay voluntad política, pero en este, como en otros casos, todos están coludidos y por lo tanto prevalecerá la impunidad. Tiene razón, la intención fue»desnudar»a los servidores públicos, con la intención de que la sociedad vea las cosas como están ocurriendo realmente y al rato no se diga engañada. Agradezco su participación.
TODO MUNDO TIENE DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN LICITA, LA PREGUNTA ES LOS QUE COMPRARON EL PREDIO EN ABRIL DE ESTE AÑO, TENÍAN LA CAPACIDAD ECONÓMICA SUFICIENTE PARA PAGAR EL VALOR DEL TERRENO Y OBVIO A TAN CORTA EDAD DE DONDE OBTUVIERON TAL CANTIDAD DE DINERO; DE ACUERDO A LAS REGLAS DE LA REFORMA FISCAL SE DEBERÍA DE DAR SEGUIMIENTO AL ORIGEN DE DICHO DINERO YEN SEGUNDO TERMINO, AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRA LOS HERMANOS LEAL TORRES, SE DEBIÓ DE EXHIBIR UN AVALUÓ QUE SE EXIGE EN TODA OPERACIÓN DE ESTA NATURALEZA, QUE EL GOBIERNO Y SUS ASESORES NO VIERON EL VALOR DE DICHO AVALUÓ Y POR PAGAR SEIS VECES MAS EL VALOR DEL INMUEBLE, POR MUCHO QUE SE AHÍ EL INCREMENTO,NO PUEDE LLEGAR A TAL MAGNITUD, DE AHÍ QUE SURJA LA DUDA FUNDAD DE QUE HAY UN NEGOCIO TURBIO E PERJUICIO DEL PUEBLO Y SOLO ARA BENEFICIAR A UN O VARIOS CIUDADANOS.
Lo que el reportero quiere decir que todos los contribuyentes o no del estado de morelos vamos a pagar el predio, por que son con nuestros impuestos se quiera o no, los del gobierno no son tontos, no todo el dinero se lo van a dar a los tres chamacos, como el 60% del efectivo se lo van a regresar al Gobierno via prestanombres y listos para la campaña 2015, la bronca que nosotros vamos a pagar los platos rotos.
Estos elementos son suficientes para hacer una denuncia por peculado inicialmente y si se sigue la pista del dinero, los supuestos vendedores tendrían que demostrar de donde sacaron el dinero para comprar el terreno inicialmente y así reventar la liga de complicidades para que salga la verdad. Mi pregunta: Con tanta información valientemente generada, ¿Cuando se darán denuncias ante el ministerio público?