Anabeli Franco
Lucero Benítez Villasenor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) refirió que en torno al caso de la ex defensora pública que presuntamente fue hostigada por un policía del Mando Único y un funcionario de la Dirección General de la Defensoría Pública de Oficio para que fuera forzada a presentar su renuncia a la dependencia, se ha iniciado una queja de oficio ante este organismo para que la víctima acuda y la pueda ratificar.
“De acuerdo a las facultades que tienen la Comisión de Derechos Humanos nosotros ya radicamos queja de oficio (a través de las notas periodísticas que surgen), ya se inició y estamos a la localización de la servidora pública para que ratifique la queja y pueda abonar a la materia de la investigación en Derechos Humanos, de todos modos nosotros llevamos el seguimiento de la queja y esperamos que en esta semana se pueda realizar la comparecencia”, expresó.
Indicó que pese a que aún la ex funcionaria no se ha localizado, se han solicitado medidas precautorias para ella, así también se le ha pedido un informe sobre este hecho al Comisionado de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra para saber el contexto que se tiene desde esa dependencia y verificar su versión.
En caso de comprobarse la responsabilidad de los funcionarios en el hostigamiento que denunció la víctima, podrían ser acreedores de una sanción, es decir, desde un apercibimiento administrativo o hasta la destitución de su cargo dependiendo de la gravedad y de las investigaciones que se hagan.
Como se recordará, de acuerdo a la carpeta de investigación SC01/8203/2015, el pasado 3 de septiembre la abogada Susana Pantaleón Martínez solicitó el apoyo a la policía del estado en su domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, del municipio de Emiliano Zapata, luego de que el escolta de la directora de la Defensoría Pública de Oficio del Estado, Mirta Sagrario Aguirre Gómez, y un trabajador de esta dependencia allanaran su casa sin una orden judicial, argumentando a los familiares que estaban en la casa que esperarían adentro a la abogada porque no se encontraba en ese momento y tenía que firmar una notificación y otros documentos.
Una vez que llegó la abogada se molestó mucho porque sus familiares le llamaron asustados por la presencia de estas personas. Ahí la víctima se molestó por la forma en que entraron a su casa, quienes dijeron que fueron enviadas por Mirta Sagrario para obligarla a que firmara su renuncia “voluntaria” para evitar una demanda laboral y al no hacerlo, solicitó el apoyo de la policía del estado.
Los policías estatales arribaron al domicilio y trasladaron a los dos hombres a la base de operaciones del C5, en Temixco, pero después fueron dejados en libertad pese a que la víctima dijo haber interpuesto una denuncia por el delito de allanamiento de morada, pero nunca fueron turnados al Ministerio Público.
Posteriormente, el 7 de ese mes la ex defensora pública fue removida de su cargo sin justificación, por lo que la víctima interpuso una demanda contra la Dirección General de la Defensoría Pública de Oficio del Estado por despido injustificado, en la que exige el pago de la liquidación, vacaciones, parte proporcional del aguinaldo, 12 días por año laborado y otros conceptos.
Sin embargo, tras darse a conocer esta información públicamente, Sin Censura da paso al derecho de réplica, pues el gobierno de Morelos emitió un comunicado que de manera textual se cita a continuación:
COMUNICADO DE PRENSA/0186
Cuernavaca, Morelos, 14 de septiembre de 2015
Con relación a las publicaciones que involucran a la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos (IDEPEM), en supuestos abusos contra una servidora pública, se precisa lo siguiente:
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La servidora pública de este instituto, Claudia Susana Pantaleón Martínez, no ha sido despedida del IDEPEM.
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El 11 de septiembre de 2015 la servidora pública acumuló 4 días de faltas injustificadas a su lugar de trabajo, dentro de un periodo de 30 días.
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Razón por la que el viernes 11 de septiembre del año en curso, a su domicilio se envió al notificador Vicente Ortega Benítez, para notificarle que de acuerdo a la Ley del Servicio Civil del Estado en relación con la Ley de la Defensoría Pública, se realizaría una acta administrativa por las ausencias injustificadas.
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La persona que acompañaba al notificador, es un Policía adscrito al Instituto, quien suele acompañar a los notificadores, ya que en sus tareas suelen surgir intentos de agresión.
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Con el objetivo de evadir la recepción de la notificación, la defensora pública solicitó el auxilio de elementos de Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, argumentando un supuesto allanamiento.
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Con el fin de aclarar la confusión, el personal del Instituto de la Defensoría Pública se trasladó de manera voluntaria y pacífica a Torre Morelos para explicar y justificar, con las diversas documentales y cédulas de notificación, el motivo de su presencia en el domicilio que para tales efectos tiene señalado ante el Instituto la defensora pública Claudia Susana Pantaleón Martínez.
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Una vez aclarada la situación, al no actualizarse hecho delictivo alguno, el personal se retiraron de Torre Morelos.
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La IDEPEM desconoce la veracidad o no respecto de un juicio laboral incoado por parte de la aún servidora pública, así como de la existencia de una denuncia penal, por no ser aún notificadas a esta dependencia. Respetamos el derecho que como ciudadana tiene la defensora Claudia Susana Pantaleón Martínez.
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En caso de existir controversias judiciales, las mismas deberán ser probadas en su caso ante las instancias legales correspondientes, pues hasta este momento sólo se trata de manifestaciones unilaterales.
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