Jorge Ikeda
Dos presuntos agentes de la Central Intelligence Agency murieron en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua, junto con dos funcionarios mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. El vehículo en el que viajaban cayó a una barranca y se incendió después de participar en actividades relacionadas con un operativo antidrogas contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara. (The Washington Post).
El caso generó una fuerte polémica política y diplomática porque el Gobierno federal mexicano afirmó que no tenía conocimiento formal ni autorización sobre la participación de agentes extranjeros en ese operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, mientras crecieron las críticas contra el gobierno estatal de Chihuahua encabezado por Maru Campos. Resulta curioso que un gobierno que presume tener “otros datos” parezca enterarse de operativos internacionales delicados por la prensa extranjera.
La información de que los estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA fue dada a conocer inicialmente por The Washington Post en un reportaje publicado el 21 de abril de 2026, donde citó fuentes oficiales estadounidenses familiarizadas con la operación. Posteriormente, medios como El País retomaron y ampliaron la información. (The Washington Post).
El episodio se convirtió en parte de una crisis diplomática más amplia entre México y Estados Unidos debido a reportes posteriores sobre una supuesta expansión de operaciones encubiertas estadounidenses contra el narcotráfico dentro del territorio mexicano. (Reuters). Y mientras tanto, el discurso soberanista del régimen continúa funcionando más como un recurso propagandístico que como una descripción verificable de la realidad.
Con relación a la filtración a CNN sobre la participación de la CIA en el asesinato de Francisco Beltrán, alias “El Payín”, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera que no había agentes de la CIA actuando en territorio nacional. Lo cual encierra una contradicción evidente, pues Morena ha tratado de linchar políticamente a la gobernadora de Chihuahua por la participación de cuatro agentes de la CIA en el desmantelamiento de dos laboratorios de droga en Chihuahua. Es decir: sí existen cuando sirven para atacar a la oposición, pero desaparecen mágicamente cuando la narrativa amenaza al régimen. Schrödinger estaría orgulloso de semejante fenómeno cuántico aplicado a la geopolítica.
El periodista Raymundo Riva Palacio ha matizado el asunto, señalando que la participación de los agentes en el desmantelamiento de los laboratorios fue abierta, mientras que la participación de la CIA en el asesinato de “El Payín” fue encubierta. El diario estadounidense matizó posteriormente la información, señalando que la CIA proporcionó inteligencia y apoyo en la planificación, pero que agentes estadounidenses no estuvieron físicamente presentes durante la ejecución, la cual habría sido realizada por autoridades mexicanas.
Si la CIA solo proporcionó inteligencia y asistencia técnica a las autoridades mexicanas, entonces se estaría hablando de una guerra sucia disfrazada de cooperación bilateral, pues las autoridades mexicanas no tienen facultades para realizar ejecuciones extrajudiciales de ningún imputado. Pero en el México contemporáneo parece que el debido proceso es visto por ciertos sectores del poder como un lujo neoliberal incómodo y no como un principio constitucional.
Jorge Castañeda, en un artículo titulado La escalada con Estados Unidos publicado por Nexos, asegura que tanto la presidenta Sheinbaum como el presidente Donald Trump no están tomando en cuenta la enorme asimetría de poder entre México y Estados Unidos. Vamos, es como si Sheinbaum quisiera ponerse a las patadas con Sansón mientras el aparato productivo nacional depende estructuralmente del mercado estadounidense y el gobierno presume soberanía desde un atril financiado por remesas y exportaciones.
Castañeda deja ver la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos escale el conflicto y, ante la falta de cooperación de México en el caso de Rubén Rocha Moya, declare a Morena como una FTO (Foreign Terrorist Organization u Organización Terrorista Extranjera). Hace apenas unos años semejante hipótesis habría parecido delirante; hoy simplemente parece otra nota en el calendario de deterioro institucional mexicano.
Por lo pronto, el director de la DEA, Terrance Cole, compareció ante el Congreso de Estados Unidos en medio de la crisis diplomática entre México y Estados Unidos derivada de las acusaciones contra funcionarios vinculados a Morena y al Cártel de Sinaloa. Durante su intervención, Cole afirmó que las investigaciones estadounidenses sobre la relación entre políticos mexicanos y el narcotráfico “apenas comienzan” y sostuvo que habrá más acusaciones e imputaciones contra funcionarios y actores políticos presuntamente relacionados con los cárteles. Según diversos reportes y fragmentos difundidos en redes sociales, el director de la DEA señaló que los políticos que protegen a los cárteles “son tan responsables como los traficantes” de la crisis de fentanilo en Estados Unidos.
La declaración resulta particularmente incómoda para un movimiento político que llegó al poder prometiendo una “transformación moral” y terminó acumulando acusaciones internacionales de connivencia con estructuras criminales. Porque una cosa es construir una narrativa de redención histórica en las mañaneras y otra muy distinta explicar por qué agencias extranjeras comienzan a tratar a sectores del aparato político mexicano como posibles operadores de una estructura criminal transnacional.
Jorge Ikeda es licenciado en relaciones internacionales por el ITAM, licenciado en derecho por la UNAM, ingeniero en desarrollo de software por la UNAD, maestro en ciencias políticas y sociales por el CIDHEM y doctor en derecho también por el CIDHEM. Es profesor de asignatura en la Universidad La Salle Cuernavaca, A.C.
Dejar una contestacion