Quemapueblos
Julio Aranda
Enero de 1998 fue un mes clave en la gubernatura de Jorge Carrillo Olea. Y todo parece indicar que, 18 años después, se repetirá de cierta forma la historia pero ahora en la persona de Graco Ramírez.
Son dos recetas diferentes pero con los mismos ingredientes de abusos en el ejercicio del poder, amplio rechazo social y convulsión política. Pero también hay dos piezas importantes: Carrillo Olea estaba enfrentando con el presidente Ernesto Zedillo y el Congreso local.
La mayoría de legisladores de ese entonces tenían una mayor congruencia política. Les preocupaba lo que los morelenses dirían si no daban eco a la inquietud ciudadana que se manifestaba en las calles.
Graco manda sobre la mayoría de los diputados locales. Y tiene una relación más allá de lo institucional con Peña Nieto.
Pese a las diferencias, enero es un mes de coincidencias
El 27 de enero de 1998, elementos de la Policía Federal de Caminos detuvieron a Armando Martínez Salgado, Jacinto Armendáriz Rosas y Fidel Pascual Espinoza López, jefe, comandante y elemento del Grupo Antisecuestros de la Policía Judicial Estatal, cuando intentaban deshacerse del cuerpo de Jorge Nava Avilés “El Moles”, detenido días atrás por los delitos de secuestro y asalto con violencia.
Al “Moles” lo asesinaron en las instalaciones de la PGJ, hoy Fiscalía General. Le aplicaron “la licuadora”, una forma de tortura.
El miércoles 4, el entonces mítico jefe de la PJ, Jesús Miyazawa renunció al cargo. Un día después, Carrillo Olea defendió a Miyazawa. “Metería las manos al fuego por él”, dijo el militar retirado.
El jueves 12 de febrero de 1998, Carlos Peredo Merlo, procurador; el subprocurador y el director de la PJE en la zona metropolitana, Rafael Borrego Díaz y José Luis Estrada Aguilar; el jefe de Servicios Periciales, Alfonso Hernández Gurrola así como el comandante del grupo Antisecuestros de Jiutepec, Rafael Reybal Martínez y el propio Miyazawa fueron arraigados por la PGR.
La Unidad Especializada contra el Crimen Organizado integró la averiguación previa PGR/UEDO/061/98 por los delitos de secuestro, tráfico de estupefacientes, robo de vehículo y homicidio calificado.
Fue un viernes 13 de febrero cuando Carrillo Olea declaró que si lo intentaban someter a juicio político “no va a proceder, porque no hay elementos. Es una barbaridad de la oposición. Terminaré mi gestión el 18 de marzo de 2000”.
Presionado, con una fuerte repulsa social, Carrillo Olea dejó la gubernatura el 18 de mayo de 1998.
Las comparaciones son evidentes. Graco también ha soslayado el juicio político en su contra y ha defendido a capa y espada a Alberto Capella, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, quien tiene la operación del Mando Único, estrategia sobre la cual también existen denuncias de homicidios, robos y tortura.
Este 26 de enero, el Congreso del Estado de Morelos decidirá si Graco Ramírez debe ser sometido a juicio político. La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos interpuso en noviembre pasado esa demanda al acusar al gobernador del desvío de 1,800 millones de pesos del crédito de 2,806 millones que el Poder Legislativo le autorizó en octubre de 2013.
Si el Congreso desecha la solicitud, habrá reacciones. Y si la acepta, generará coletazos desde el gobierno estatal.
Lo cierto es que a Carrillo Olea nunca se le acusó de corrupción. Hoy, en el Congreso local prevalece la demanda de la CMMC pero la mayoría de los diputados tienen elementos sobre los altos índices de inseguridad y omisiones de autoridades estatales, como el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo.
Así pues los diputados tendrán una determinación decisiva que marcará de por vida su actuación política.
Y marcarán, para bien o para mal, el destino de Morelos.
Con la vara que mides, te medirán, dicen por ahí. Le toca a Graco pagar por TODAS y cada una de sus cochinadas, Lo piden los morelenses con la misma vehemencia con la que él alguna vez, pidió la cabeza de Carrillo Olea. Son iguales o tal vez sea peor Graco dándose baños de pureza.