Ana Claudia Turrent
“Nos encontrábamos saliendo de Tampico cuando nos agarraron, a mí y a mi hermano, Migración y los federales. Nos pidieron nuestros papeles en la caseta, ésa que hay en donde piden los papeles. Desde entonces ahí nos tuvieron, y como a aquello de la media noche nos fueron a dejar a una calle oscura. Nos subieron a unos carros y nos llevaron a encerrar a una casa, y ahí nos tuvieron nueve días, hasta que pagaron por nosotros”. El testimonio de Daniel –migrante guatemalteco- representa uno de los miles de casos de secuestros a migrantes centroamericanos en México. La travesía de los centroamericanos en su búsqueda del “sueño americano” se ha convertido en un auténtico infierno. Los grupos criminales han encontrado en las rutas migratorias un blanco fácil para realizar extorsiones, secuestros, asesinatos, incorporación forzada al crimen organizado, violación sexual, trata de personas, cobro de cuotas por utilización de medios de transporte, entre otros delitos. Sin embargo, es el secuestro de migrantes uno de los delitos que más han llamado la atención de la prensa, al ser este un crimen que vulnera los derechos humanos básicos de los migrantes, como el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad e incluso en algunos casos, el derecho a la vida. Su visible aumento en los últimos años, así como la falta de atención de las autoridades para esclarecer el origen de estos crímenes ha generado la indignación de la sociedad civil y no es para menos.
En 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó el “Informe Especial sobre secuestro de Migrantes en México” mismo que calculó que en México se secuestran entre 18,000 y 20,000 migrantes al año. Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas registraban las mayores tasas de secuestros de centroamericanos, ya que el mayor número de víctimas eran provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Entre el año 2011 (año en el que se publicó el informe de la CNDH) y el año en curso, tanto la administración panista de Felipe Calderón, como la priista de Enrique Peña Nieto tomaron una serie de iniciativas respecto a las múltiples violaciones a derechos humanos de las que los migrantes centroamericanos son objeto en su trayecto por territorio mexicano. Sin duda la más importante de ellas, fue la promulgación de la “Ley de Migración” en el año 2012, misma que reconoce los derechos humanos de los migrantes sin importar su situación migratoria. También se han registrado mejoras en las condiciones de los centros de detención; se promulgó una legislación que penaliza la trata de personas; y se han acortado los tiempos de estancia que los migrantes permanecen en las estaciones migratorias antes de ser deportados o repatriados. Todos ellos avances que se pudieran presumir de “significativos” si no fuera porque los abusos, extorsiones, secuestros y violaciones siguen siendo una constante que golpea la realidad del migrante en tránsito.
Como contraste del Informe emitido por la CNDH en 2011, en abril del presente año, un informe de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dio a relucir información en la que se exponía que el secuestro a migrantes extranjeros se había multiplicado por diez en tan sólo un año. En esta ocasión, Tamaulipas fue el Estado que registró las mayores tasas de secuestros a migrantes centroamericanos. Usualmente, los secuestradores capturan a los migrantes en puntos estratégicos, dentro de ellos se destacan los lugares cercanos a las vías del tren, los albergues de migrantes y las carreteras. Una vez capturados, los migrantes son obligados a proporcionar el nombre y el teléfono de algún familiar que sea capaz de pagar el rescate; frecuentemente los migrantes que no pueden pagar el rescate son asesinados. Es importante destacar que conforme han incrementado las actividades de los secuestradores, también se ha registrado un incremento en la violencia contra sus víctimas. El trato violento, la tortura y la violencia sexual son una constante en los secuestros a los migrantes.
La colusión de autoridades de los tres niveles de gobierno en los secuestros a migrantes, es un hecho que las ONG como Amnistía Internacional y Sin Fronteras han denunciado desde hace varios años. Esta situación complejiza enormemente la solución del problema del secuestro a migrantes y expone de manera vergonzosa la problemática y el panorama de riesgos a los que los migrantes centroamericanos en tránsito por México están expuestos. De poco sirve que el gobierno mexicano abogue por el respeto de los derechos humanos de los más de 13 millones de connacionales viviendo de forma irregular en Estados Unidos, si no predica con el mismo ejemplo respecto a la migración centroamericana en tránsito. Más allá del propio flujo migratorio la incapacidad del Estado mexicano de controlar la corrupción y el empoderamiento del crimen organizado, ya sea por omisión, complicidad o incompetencia, resulta ser un factor central en el incremento de los secuestros en contra de los migrantes en tránsito por territorio mexicano. La falla estructural se encuentra en el aparato gubernamental mexicano, ya que tanto las políticas de frontera, como las políticas públicas son necesariamente un reflejo de lo que sucede al interior de cada Estado.
El incremento en el secuestro a migrantes debe de encender una alarma tanto en la sociedad civil como a nivel gubernamental. Si el gobierno mexicano pide un trato digno a sus migrantes, es una responsabilidad gubernamental predicar con el mismo ejemplo respecto al flujo migratorio centroamericano.
@anaclaturrent
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