Calderón sin escapatoria

 

 

Rigoberto Lorence

El presidente AMLO ordenó en fecha reciente al canciller Marcelo Ebrard enviara una nota diplomática al gobierno de USA a fin de solicitar informes sobre si Felipe Calderón, en su calidad de titular del poder ejecutivo del país durante el periodo 2006-2012, conocía el envío de armas de ese país al nuestro, con el fin de proceder de conformidad con lo que marcan las leyes nacionales.

 

Esta medida puede ser el principio del fin de la impunidad del expresidente panista. Si el gobierno de USA respondiera que sí, que el envío de dichas armas fue conocido por el exmandatario, sobre éste caería una lluvia de acusaciones de las que difícilmente podría salir indemne. Calderón ya ha negado que él tuviera conocimiento de tales operaciones encubiertas.

 

Hay un elemento nuevo que se añade a lo que ya conocemos: la periodista Dolia Estévez, corresponsal en Washington que trabaja para varios medios y conoce a profundidad las relaciones entre ambos países, acaba de publicar que Calderón sí conocía oficialmente del trasiego de armas ilegales entre ambos países.

 

Según la nota de Estévez, recién publicada y que se basa en documentos desclasificados de la Agencia para el Control de Tabaco y Armas de Fuego (ATF) realizó la operación Gunrunner (Corredor de armas) en el año 2007, operación en la que participó oficialmente Eduardo Medina Mora –entonces procurador de Justicia de Calderón—en acuerdos con su homólogo norteamericano Michael McKisey, con quien se reunió en Washington  el 6 de noviembre de dicho año.

 

Esta operación de contrabando oficial fue el antecedente inmediato de “Rápido y Furioso” mediante la cual se introdujeron más de 2 mil 500 armas de todos calibres de manera ilegal al país, entre 2007 y 2011, contrabando que estaban realizando grandes traficantes de armas. Lo que hicieron los funcionarios de USA fue implantarles un chip, de manera que se les pudiera seguir y ubicarlas dentro del territorio mexicano.

 

Inclusive Medina Mora envió oficialmente a Fernando L. Ordóñez como agregado de la PGR en Phoenix, Arizona, para apoyar los trabajos de coordinación de los envíos clandestinos. Por lo pronto, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia de México, al comentar la nota de Dolia Estévez, señaló que Calderón sabía desde el principio todo lo relativo a la mencionada operación.

 

La negativa de Calderón se contradice entonces directamente con los hechos. Se puede acreditar con documentos oficiales que su gobierno sabía de tales operaciones, y que incluso participaba en los acuerdos, preparación y coordinación de los envíos. Frente a esos documentos no hay negativa que valga.

 

Lo más grave es que, además de que ambos gobiernos perdieron el control de los envíos, hubo al menos dos funcionarios del gobierno de USA muertos por esas armas, al igual que miles de mexicanos.

 

Se pudo constatar que en diciembre de 2010 murió Brian Terry, miembro de la Border Patrol, por disparos realizados con esas armas, en la frontera entre Arizona y México. Lo mismo sucedió con Jaime Zapata, del ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) muerto el 15 de febrero de 2011 en San Luis Potosí.

 

En Ciudad Juárez fueron muertos 17 jóvenes mexicanos por sicarios que “los confundieron” en Villas de Salvárcar cuando asistían a una fiesta juvenil, realizada en enero de 2010. Calderón dijo de inmediato que esos jóvenes “andaban en algo”, sugiriendo que sus muertes habían sido producto de venganzas entre pandillas.

 

Cuando viajó a Ciudad Juárez, Calderón fue confrontado por Luz María Dávila, madre de dos de los jóvenes acribillados, quien dijo al entonces presidente que “no le podía dar la mano” porque no era bienvenido en esa ciudad. Calderón, junto a su esposa Margarita Zavala, pasaron ratos muy amargos al explicar sus afirmaciones ante un público incrédulo y dolido.

 

Calderón puede seguir negando sus decisiones o su conocimiento de la información en que se basaron. Pero en el caso del trasiego controlado de armas de alto poder, no será posible, por la sencilla razón de que la participación de su gobierno está documentada plenamente, y forma parte de la historia tormentosa de las relaciones entre USA y México.

 

De hoy en adelante pasamos a la etapa de que ya no sirven de nada –si alguna vez sirvieron– las negativas de FeCal. En el nuevo contexto, tales negativas solo acreditarían su autismo político, una esquizofrenia galopante y una mentalidad que ya rebasa el absurdo, en un país donde estamos acostumbrados a las situaciones más distorsionadas.

 

Alguien señaló al respecto que si Franz Kafka hubiera trabajado en México, no hubiera llegado a ser más que un escritor costumbrista, algo así como el José Rubén Romero de nuestra vida política e intelectual. De hoy en adelante, Felipe Calderón será observado por la población como bicho raro, que niega las evidencias ante el asombro de un público sorprendido.

 

Pero finalmente se ha dado un paso más en la dirección adecuada. Los elementos ya han sido expuestos ante los ojos de todos. Si la Fiscalía General de la República (FGR) no procede en asuntos tan graves, será porque, como dice Anabel Hernández, esa institución está penetrada por muchos funcionarios que tienen interés en que NO se procese a García Luna, y menos aún a Calderón.

 

AMLO propuso en una de sus conferencias mañaneras que la mencionada periodista denuncie a Felipe Calderón con base en las pruebas que ha acumulado a lo largo de los años. La escritora ya declaró que no, que hacer eso es función obligada de la FGR, y que una periodista en lo individual no puede tener más información que todo el aparato del gobierno mexicano.

 

Así las cosas, la única salida viable es que la FGR inicie una averiguación oficial contra Calderón, en este caso por responsabilidades en el ejercicio de su cargo, ya que no hizo nada para detener el flujo de armas a nuestro país, armas que causaron la muerte, lesiones  y luto en cientos de miles de hogares mexicanos.

 

Tráfico de armas, protección de funcionarios coludidos con los criminales, hacerse de la vista gorda ante el desmesurado enriquecimiento de sus funcionarios, homicidio, obstrucción de la justicia.…La lista es enorme.

 

¿Por fin se decidirá a actuarla FGR..? Esto es urgente y no se requiere de ninguna consulta popular. Solo aplicar la ley a quienes cometieron delitos. Al Capone no fue juzgado por los homicidios que ordenó. Simplemente se le aplicaron las leyes fiscales. A Calderón se le debe juzgar aunque no sea por homicidio de miles de mexicanos, sino por dejar entrar de contrabando las armas que les causaron la muerte.

 

 

Sobre Rigoberto Lorence 102 artículos
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.

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