YO ACUSO
Armando Vargas Mora
Apatzingán, Michoacán; 14 de Marzo de 2016.- Como ya sabemos que México es un país de leyes, no de justicia, las declaraciones de la semana anterior del secretario de economía Ildefonso Guajardo, en el sentido de poner un hasta aquí a los tortilleros, que día a día están subiendo el precio del elemental alimento de los mexicanos, es obligado el escepticismo en vista de que habla inclusive de fincarles responsabilidades de tipo penal.
Efectivamente, en el marco de la pasada reunión nacional de delegados de la procuraduría federal del consumidor (PROFECO), primera de este año, celebrada hace tres días en Guadalajara, Jalisco, el funcionario manifestó que se aplicarán sanciones penales a quienes en el ejercicio de su actividad, se les compruebe el alza injustificada en el precio de la tortilla, así como la práctica monopólica para unificar el precio, misma que se configura precisamente al reunirse o confabularse con esa finalidad.
Durante la semana anterior, la PROFECO realizó un operativo de verificación en mil 260 tortillerías en buena parte del territorio nacional, como resultado de lo anterior se dijo que la dependencia suspendió 162 establecimientos, pero no informaron de detención alguna por los delitos evidentemente cometidos.

Y nos llamó poderosamente la atención la anterior información, porque aquí en Apatzingán, sin que exista quien diga nada, ni la primera autoridad y mucho menos esta ciudadanía apática, sin decir agua va, la pandilla de los auto llamados “industriales de la masa y la tortilla”, inauguraron el año con el aumento unilateral y por lo mismo arbitrario, ahora el “nuevo precio” de la tortilla es de $17.00 como todos sabemos.
El secretario de economía no ocupa bola de cristal y mucho menos un ejército de inspectores para darse cuenta de lo que sucede en esta población, basta con que pida información a su delegado estatal para que se dé cuenta del proceder de este grupo que de conformidad con sus declaraciones, encuadra perfectamente para que se les aplique la mencionada ley federal de competencia económica y el código penal, así lo entendemos.
Para mayor ilustración de lo que estamos hablando, tenemos que los precios del kilogramo de tortilla en diversas partes de la república mexicana, en la actualidad son los siguientes: el Distrito Federal el precio –según la autoridad-, oscila entre $11.20 y $11.40, Tijuana $13.00, Tapachula $13.00, Piedras Negras $15.00. La Paz $15.00. Aquí en Michoacán, los precios varían de acuerdo con la avaricia de estas personas, así en Uruapan está en $11.00, La Piedad $8.00, Morelia $12.00 y en particular en Apatzingán existen dos precios, el del monopolio tortillero que como ya sabemos lo subieron hasta los $17.00 y el de Bodega Aurrera que está en $9.50 el kilogramo.

La realidad es que en esta población el precio de la tortilla se encuentra evidentemente inflado. ¿Por qué? El 20 de Enero del presente año, cuando tuvieron los autollamados industriales de la masa y la tortilla, la “genial” idea de subir el precio del producto, sin que hubiese contra pesos, en este espacio dijimos que, hace poco más de dos años y desde antes, pretextaban un sobre precio en el elemental alimento en vista de que pagaban “una cuota” al grupo delincuencial hegemónico en esos días. Lo cierto es que ellos no pagaron jamás medio centavo, porque si aceptaban lo anterior es porque fue el pueblo quien absorbía en su totalidad la extorsión. El colmo de la sinvergüenza lo constituye el hecho de que, después de las acciones instrumentadas por el tristemente célebre Alfredo Castillo Cervantes, conocidas por la mayoría de los michoacanos, los tortilleros se sacaron de la manga del saco la trastada de que: “nunca pagamos cuota, ese es el precio de la tortilla”.
Pero no conformes con darle rienda suelta a la avaricia, conscientes de que están en el paraíso económico y de impunidad, con la careta que les caracteriza, pasaron de ser “víctimas”, a auténticos victimarios de este pueblo que, ni por asomo se les ocurre manifestarse públicamente, un pueblo aún temeroso del pasado reciente.
Y decíamos que no existe autoridad que meta en cintura a estos señores, todo lo contrario, el presidente municipal César Chávez Garibay premió al “gremio” con un espacio en su “gabinetazo”, en estas condiciones Sergio Comparán Arroyo, uno de los hermanos que manejan desde hace años la actividad, es el director de desarrollo económico, desde donde seguramente cabildea para el futuro aumento en el precio de la tortilla, toda una trama, es hermoso der juez y parte. Cabe hacer mención que apenas el año anterior, el 28 de Julio para ser más exactos, el ahora “flamante” funcionario municipal se quejaba amargamente en virtud de que la autoridad municipal, decía, en ningún momento aplicaba el reglamento tortillero, se trata de un reglamento anticonstitucional, concebido a modo y ventaja de los monopolistas, el mismo que prohíbe la venta a domicilio, como si se tratara de una actividad ilegal, un reglamento que prohíbe a cualquier persona que pretenda “invadir” su negocio, establecerse a menos de cien metros entre una tortilladora y otra, con excepción de ellos desde luego, como es el caso de las tortilladoras de allá por la colonia “la florida”, las de la Av. Tepalcatepec y las del mercado para no ir muy lejos.

Con todas estas influencias, desde luego que resulta más que justificado nuestro escepticismo en cuanto a la aplicación de la ley, porque si no se tratara de florituras políticas y se dieran una vuelta “las autoridades” por este rancho grande, seguramente que no dejarían títere con cabeza.
Porque la realidad es que se trata de una auténtica burla lo que este grupo viene haciendo desde hace muchos años, pero además lo exhiben, porque se trata del precio de la tortilla más caro de la república mexicana. A ellos no les importa para nada las condiciones económicas de la mayor parte de la gente, son momentos muy difíciles para la economía de la tierra caliente cuya población, en su gran mayoría vive en torno a un cultivo que es el limón.
Lo peor del asunto es que nadie se manifiesta ante las injusticias, los partidos políticos enmudecen ante este tipo de situaciones, bueno, ni siquiera cuando andan en campaña política los candidatos tocan el asunto, como que les espina, todos y de todos los colores.
Contador y analista político
Yo soy la única persona que a denunciado a esta gavilla de rufianes y tengo pruebas de todas sus fechorías desde hace años desde que me clausuraron mis tortillerías por medio del municipio por. Reglamentos anticonstucionales este grupo de monopolistas,por repartir y dar precio bajo.
Asi es Armando. Una pandilla, una «autoridad» permisiva, reglamento anticonstitucional y un pueblo cobarde y apático es el coctel perfecto que obra en su favor.
Desde Cuando Tiene Esto Y Hasta Cuándo Tomarán Cartas En El Asunto
Esto tiene dècadas y seguirán mientras nosotros no tomèmos conciencia.
Agradezco su comentario