Por Pepe Arenas
A las cárceles se les ha denominado a través de la historia de diversas maneras: prisión, presidio, penitenciarías, penal, chirona, mazmorra, entre otras. Hoy se les llama Centro de Reinserción o de readaptación social, un eufemismo para lo mismo: un sitio en donde se recluye a quien transgrede las leyes penales.
Las cárceles mexicanas están sobrepobladas por cuatro grupos claramente identificados: hombres, mujeres, procesados y sentenciados. Los grupos mayoritarios son los hombres sentenciados, pero el de procesados, es decir, aquéllos que aún no escuchan al juez dictar el fallo -que podría ser absolutorio-, no cesa de crecer y podría superar a los que ya purgan la sentencia. El grupo de las mujeres parece relativamente estable.
El costo –que no inversión- de mantener a tantas personas en las cárceles ha obligado a pensar en diversas soluciones. La más viable es la de la preliberación de aquellos individuos que se encuentran privados de su libertad por delitos de poca monta, y así también de quienes no han recibido un veredicto judicial, pero que durante el tiempo que llevan tras las rejas ya supera el máximo de la pena a la cual podría sentenciarlos el juez. Y son muchísimos los casos.
Para aplicar una medida así, es indispensable conocer caso por caso, y eso sólo podría ocurrir con la participación de abogados que los estudien para presentar al impartidor de justicia un proyecto absolutorio o de mínima penalidad. Ello implica un gasto. Sería conveniente calcular si lo que se paga a los custodios por tu tarea de vigilar a los presos corresponde o coincide con lo que costaría contratar a esos abogados, en cuyo caso se podría prescindir de sus servicios.
La tarea de custodiar a los presos no es la más grata de las labores, y la paga no es tan atractiva, lo cual lleva a muchos de ellos a caer en la corrupción, por ello frecuentemente se sabe de casos en que compensan su bajo salario con cohechos y pagos indebidos para permitir el paso se drogas, prostitutas, armas, teléfonos celulares –desde los cuales se hacen llamadas para extorsionar- y otras cosas ilegales.
Los custodios, como la policía y otros grupos relacionados con la seguridad pública, están sujetos a los llamados medios de control y confianza, y frecuentemente los reprueban. En Morelos, recientemente se supo del caso de 35 elementos que fueron separados por haber reprobado esas pruebas. Hay actualmente más de 500 elementos y de acuerdo a las autoridades son insuficientes para los más de 2,000 mil presos.
Ese enorme presupuesto que se destina para el mantenimiento de las cárceles se aliviaría si ocurren tres cosas: primero, que la administración se privatizara para que fuera una empresa particular la que estableciera una fórmula que las hiciera redituables a partir de la llamada industria carcelaria; segundo, promover la liberación de aquellos primodelincuentes que ya cumplieron la que podría ser su sentencia por el tiempo que han permanecido ahí en espera de que el juez tenga tiempo y voluntad de atender su caso; y tercero, que se obligue a los internos a trabajar, pues son improductivos y el alto costo que representa su permanencia y mantención depende del erario, es decir, de los impuestos que pagamos quienes estamos fuera. Ah, hay una cuarta: que el gobierno tenga la voluntad política y la determinación para hacer las otras tres.
Licenciado en Periodismo y licenciado en Derecho. Inició su carrera hace 60 años en las páginas de la revista “Nosotros”; y más tarde en la sección juvenil de El Universal, del que varias décadas después fue el primer corresponsal en Europa; así también de la agencia de noticias “Notimex”; del extinto diario “El Nacional”; y Radio UNAM. Fue director general de la revista “Hoy” y director fundador de “Morelos News” y otras publicaciones en internet. Publicó la columna “Fondeando” durante casi una década en el periódico “La Unión de Morelos”.
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