J. Rigoberto Lorence
El escenario no podía ser más adecuado para una provocación en grande: mientras un grupo de comerciantes realizaba una protesta ante el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, y el secretario de Bienestar Social Gilberto Alcalá, daba declaraciones a los medios, se desató una balacera que arrojó dos víctimas mortales y dos heridos más, en un hecho sin precedentes en la historia de la política local.
Las víctimas mortales fueron Jesús García, líder cetemista de comerciantes, y Roberto Castrejón, de la misma filiación. El atacante solitario (en apariencia) fue un joven pistolero de nombre Max Hernández, de la colonia Altavista, con antecedentes penales por robo y posesión de marihuana.
Va quedando claro que el escenario y las víctimas fueron escogidas de manera cuidadosa, para realizar el mayor daño político al gobierno del Estado. Si fuera de otro modo, a las víctimas las habrían ejecutado al salir o llegar a su casa, lejos de los reflectores de los medios, y no a plena luz, en el Centro de la ciudad, a un costado del Palacio de Gobierno, ante la presencia de manifestantes y con el testimonio de numerosos medios de comunicación de masas. Fueron ejecuciones en vivo y a todo color, propias de un escenario construido por gentes que persiguen fines ocultos.
De esta manera, se subrayó la percepción pública de inseguridad e impunidad. Los hechos se magnificaron por el escenario en el que ocurrieron, de manera que la impotencia de las autoridades y su incapacidad ante la violencia, quedó exhibida ante los ojos de la población local, del país y del extranjero. Los hechos fueron reportados en los principales medios nacionales, y en el extranjero por el portal de noticias Rusia Today, de audiencia mundial, así como por el diario El País, de España.
Quien ordenó el alevoso ataque es sin duda una persona o grupo con capacidad política como para diseñar y manejar estos escenarios. La perversa autoría intelectual de los hechos queda fuera de toda duda. Hay un grupo que tiene interés en generar problemas al presidente López Obrador, y en especial al gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien apenas ha articulado algún intento de explicación ante los medios locales, lo cual subraya la incapacidad del gobierno estatal para entender y enfrentar el problema.
Para colmo de males, dos días después un comando armado atacó un transporte federal de empleados del reclusorio femenil de Coatlán del Río, a la altura de Puente de Ixtla. Quedó la impresión de que la delincuencia está desbordada, y el gobierno estatal no alcanza a articular discursos, menos aún operaciones efectivas contra los delincuentes.
El gobierno de Morelos está claramente dividido y no alcanza a definir una línea política. La mayoría de sus miembros es de extracción priísta y panista, y solo dos o tres funcionarios de primer nivel provienen de la izquierda (Margarita González, de Turismo, y Guillermo López Ruvalcaba de Agricultura). Y esto sucede en un gobierno que pretende participar en la transformación progresista del país.
El superdelegado Hugo Erick Flores, por su lado, no ha podido con el paquete. Sus fallas fueron notorias desde la consulta sobre la termoeléctrica de Huexca, y su perfil carece de relevancia en cuanto al tema principal de la política morelense, que con mucho es la seguridad pública. Además, está confrontado con el gobernador de facto, el secretario Sanz, y no resultaría raro que tuviera interés en desestabilizar al gobierno cuauhtemista.
Para desactivar el fenómeno de la delincuencia organizada se requieren algo más que proyectos de subsidios a la población, por nobles que sean. Eso ha quedado de relieve con los últimos hechos. Se necesita aplicar todo un enérgico programa de lucha inmediata contra los grupos criminales. Y no me refiero a la tortura ni acciones parecidas.
A la par de las acciones de inteligencia financiera para congelar recursos del crimen organizado, se necesita desarticular la miríada de pequeñas bandas que surgen como hongos por toda la entidad, en medio de un clima febril de miedo, temor, incertidumbre y zozobra de toda la población. Hasta los delincuentes novatos –y más aún los avezados– sacan ventaja de esa situación cercana al caos.
Por lo tanto, se debe dar garantías a la población. Y para empezar, mostrar otra imagen, con fuerza, aplomo y capacidad, porque los titubeos actuales, los balbuceos de disculpas, solo alientan a los perversos que maquinan en las sombras. Mostrar fuerza y capacidad de combate requiere mucha entereza, destreza y energía, lo contrario de lo que ha mostrado en fecha reciente el gobierno de Morelos.
Se requiere de manera urgente adoptar un nuevo modelo de combate a la delincuencia organizada. El que se aplica ya demostró su fracaso. La población exige y merece más y mejores esfuerzos en favor de su vida, su integridad y su patrimonio. La Guardia Nacional no es una panacea, y solo será efectiva si los demás poderes también contribuyen a desactivar la violencia.
Hay que empezar por reconstruir el tejido social que ha sido desgarrado desde la raíz por la pobreza, la ignorancia y el accionar de grupos criminales. Estimular la reconstrucción dela vida comunitaria, para que la gente del común tenga otra perspectiva de vida. Y crear comités de autodefensa ciudadana, con capacidad de conocer las guaridas de los delincuentes, para aislarlos y buscar la solución de los problemas sociales –e incluso sicológicos—que afectan a los jóvenes.
En pocas palabras: menos grilla y más política en favor del pueblo.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
Dejar una contestacion