Lo irracional del contrarreformismo

 

 

Nuevas Reglas

 

Daniel Martínez Castellanos

He expuesto en diversos foros mis reservas respecto de la Reforma Educativa en México y también he dicho que las transformaciones a que ha apostado el Estado Mexicano son las correctas dada la apuesta generalizada por mantener un sistema de control que tiene a la escuela como centro y a la credencialización como objetivo. En esto, mi pensamiento se aleja mucho del zeitgeist educativo en México.

 

Digámoslo claro, la aparente lucha entre el gobierno federal y los grupos de disidencia radical no plantea una transformación profunda del sistema educativo. En el caso del gobierno federal, la posición es volver económicamente viable el sistema de escuela pública mediante cambios de forma y de fondo; en el caso de las corrientes radicales, es volver al pasado que generó la peor crisis de aprovechamiento escolar de que se tenga registro y que a la postre, generaría condiciones económicas que comprometen hoy la viabilidad de la escuela pública. En aras de la conservación de la escuela y la credencialización, la reforma educativa de Peña Nieto es el único paso correcto de los que se han propuesto, incluidas posiciones tan extremas como la privatización parcial o total del servicio, la municipalización, la cooperativización, y otras figuras copiadas TODAS de las apuestas de otras naciones.

 

Un hecho es que, a pesar del desgaste terrible de la figura presidencial, la Reforma Educativa sigue teniendo respaldo ciudadano con base en la respuesta a dos cuestiones; primero, ofrece elementos para creer en una transformación integral de la educación; y segundo, la gente considera que los maestros deben ser evaluados y enfrentar las consecuencias que dicha evaluación tenga. Adicionalmente, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha revisado ya los amparos interpuestos por docentes en contra de las leyes que componen la reforma educativa, no existe violación de los derechos laborales de los trabajadores. Frente a estos tres argumentos, pareciera que el activismo en torno a la reforma educativa es una actitud poco racional, pero no es así: es absolutamente irracional.

 

No debe espantarnos, las corrientes dominantes en economía conductual han demostrado empíricamente la predominancia de la irracionalidad en la toma de decisiones tanto económicas como políticas y sociales. En este caso, la irracionalidad parte de ver el cambio como amenaza, de la falta de información completa y oportuna sobre la política pública propuesta, de la proclividad a buscar justificaciones morales para nuestros malos comportamientos, de conflictos de interés, de la falta de supervisión, de la distancia que se tiene de los resultados de las conductas deshonestas o destructivas, de la generalización de los malos comportamientos, entre otras.

 

Preocupa, frente a la comedia de equivocaciones que representa la estrategia de comunicación del gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales; y el decoloramiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la centralidad que ha tomado en los últimos días el discurso de odio esgrimido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y operado por el Movimiento de Regeneración Nacional. El cinismo de la mentira y las invitaciones al odio y la violencia no son preocupantes siempre, pero mucho más cuando tratan de sembrarse en un magisterio especialmente dominado por la sensación; no creemos que dure demasiado tiempo, los maestros difícilmente odian, pero durante los días en que lo hacen, derivados además de combinaciones de factores locales, regionales y nacionales, se vuelven extraordinariamente peligrosos y beligerantes.

 

No hay nada perdido aún, la reforma educativa puede continuar en tanto la silenciosa mayoría la siga respaldando, y podría implementarse de forma definitiva con una estrategia de comunicación que, por una parte reconstruyera la confianza entre el magisterio legítimo y la autoridad educativa; y por la otra fuera sincera en los beneficios, difundiera las recompensas evidentes, y estableciera claridad en los castigos derivados de no seguir la política pública.

 

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