Gerardo Fernández Casanova
Ante el venturoso fracaso del TLC, el gobierno mexicano busca abrir sus alternativas de exportación. Por lo pronto, ya se registró un primer envío a la hermana República de Honduras: tecnología y asesoría para el fraude electoral, empaquetados en el prototipo Estado de México. La muestra es muy convincente: en los municipios menos desarrollados y con graves deficiencias de comunicación, se logran votaciones con participación muy por arriba de la media general y, casualmente, en ellos gana de calle el partido en el poder, que pretende la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández (JOH) El proveedor tecnológico no se compromete con los resultados; estos dependen de la capacidad operativa del receptor.
En reciprocidad, el pueblo de Honduras nos ofrece una tecnología de reacción ante el fraude, con multitudinarias manifestaciones y acciones de resistencia, que mucho lo honran, en respaldo al triunfo del candidato del Frente de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, ante lo cual fue decretado el estado de sitio y la represión policial. En un acto insólito, el grupo de élite de la fuerza pública destinado a tal efecto montó una huelga de brazos caídos, no están dispuestos a disparar contra el propio pueblo hondureño (garbanzo de a libra). El gobierno está quedando arrinconado y trata de desinflar el globo con revisiones parciales de las actas de escrutinio; la gente exige que sea total. El Pentágono no está dispuesto a poner en riesgo las dos bases militares asentadas ahí, mediante las que ejerce el amenazante poder militar sobre América del Sur. La cosa se pone seria.
Visto el caso hondureño, válido por su actualidad, se pueden entender mejor varias cosas relativas al caso mexicano, particularmente la urgencia presidencial y militar por que sea aprobada, a troche y moche, la Ley de Seguridad Interior (LSI) por la que se faculta a las fuerzas armadas para actuar en la represión de las movilizaciones populares de protesta; ello ante la decisión tomada en Los Pinos de que sólo mediante el fraude podrán dar continuidad a su proyecto de destrucción del país, ahora encabezado por el oscuro tecnócrata José Antonio Meade.
Tal imposición ya fue aprobada –fast track- por los diputados y espera la pronta aprobación de los senadores, aplanadora mediante. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, incluida la CNDH y la ONU, han manifestado su repudio al referido proyecto de ley, exigiendo el pronto retiro del ejército y la armada a sus respectivos cuarteles.
No es por demás recordar que Felipe Calderón declaró su “guerra al narcotráfico” que después se extendió al crimen organizado, sólo como fórmula para desmovilizar la protesta contra el fraude por el cual se hizo del poder, “haiga sido como haiga sido”, sin que a la fecha haya producido la seguridad supuestamente buscada pero sí un saldo de más de doscientos mil muertos.
En otra banda, la electoral, una tormenta de improperios cae sobre AMLO por incluir como proyecto alternativo de procuración de seguridad, la posibilidad de alguna forma de amnistía para recuperar la paz. El propio general secretario de la defensa dijo que tal amnistía sería un despropósito después de tantos años de trabajo, inmiscuyéndose indebidamente en una toma de partido en cuestiones de orden político que tiene explícitamente vedado, lo cual significa, eso sí, un gran peligro para México, sólo admisible por quienes son desconocedores de la historia. La paz siempre deberá perdonar.
La ley nadie va a poder pararla; es un hecho consumado como tantos otros atracos a la Nación. Esto tiene que llevar a la convicción que sólo con un abrumador triunfo electoral de MORENA y López Obrador y todos sus candidatos, podrá ser remontado. El propio candidato tendrá que comprender que la cobija es pequeña y que si se jala hacia el centro descobijará a la izquierda y a la masa popular, y que sólo el pueblo saldrá a las calles a defender su probable triunfo.
Ojalá lo podamos comprender.
gerdez777@gmail.com
Dejar una contestacion