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Integrantes del Comité de Régimen Administrativo se deslindan de los manejos de Patricia Bandera Flores
Jesús Castillo García
Incremento injustificado de la plantilla de personal, facturas “infladas”, obras inexistentes, contratos con empresas “fantasma” y gastos sin comprobar, son algunas de las irregularidades que caracterizaron el primer año de la Mesa Directiva del Congreso Local, y que podrían desembocar en responsabilidades administrativas e incluso penales para el presidente de la misma, Francisco Moreno Merino.
Sin embargo, dado el apoyo con que cuenta el presidente del Congreso por parte del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, los diputados determinaron que las sanciones que pudieran darse alcancen solamente a la secretaria de Administración y Finanzas del Poder Legislativo, Martha Patricia Bandera Flores.
Y es que, a decir de algunos diputados, “sólo Paco y Patricia saben en qué se gastó el dinero”, pues a nadie le han rendido cuentas y en lo que respecta a la información pública de oficio que supuestamente deben poner a disposición de la ciudadanía a través de su página de internet, en realidad no hay ningún dato duro, sino sólo documentos que pretenden justificar la falta de información.
Ante el riesgo de que este desorden administrativo desencadene una investigación a fondo sobre el uso de los recursos, ayer los integrantes del Comité de Régimen Administrativo firmaron un documento en el que abiertamente se deslindan de cualquier responsabilidad.
El Comité de Régimen Administrativo es un órgano colegiado que se encuentra contemplado en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso Local, y que tiene como atribuciones el control de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Congreso del Estado; aprobar las bases conforme a las cuales se autorizan los precios máximos para la adquisición de mercancías, prestación de servicios y determinar la enajenación de bienes muebles, entre otras.
Actualmente lo conforman los diputados Javier Montes Rosales, Julio Espín Navarrete, Efraín Esaú Mondragón, Mario Alfonso Chávez Ortega, Edwin Brito Brito, Alberto Mojica Linares, Javier Estrada, Jaime Álvarez Cisneros y Beatriz Vicera Alatriste, quien funge como presidenta.
Con fecha 12 de septiembre, los antes mencionados firmaron una “acta de constancia”, en la que refieren que no han sido tomados en cuenta para nada.
“Es el caso que desde el pasado 10 de febrero del presente año, la secretaria de Administración y Finanzas, a cargo de la Lic. MARTHA PATRICIA BANDERA FLORES, ha venido indebidamente transgrediendo las facultades respecto del control de las adquisiciones, mismas que dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, son facultad única y exclusivamente del Comité de Régimen Administrativo que integramos”, dice el documento.
Y agrega:
“Por todo lo antes expuesto y fundado es que este Comité de Régimen Administrativo se deslinda en este acto de cualquier responsabilidad jurídica o administrativa respecto de las adquisiciones de bienes, contrataciones y servicios que hayan realizado en contravención a la Ley”.
Cabe hacer notar que en ninguna parte del documento se menciona a Francisco Moreno Merino, quien era quien le daba (y le sigue dando) órdenes a la secretaria de Administración y Finanzas.
SE BURLA DE LA TRANSPARENCIA
La Cámara de Diputados es la primera institución en ser “denunciada” ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), por incumplimiento de las obligaciones de Transparencia, contemplada en el artículo 67 de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
El ciudadano que lo denunció, estableció en su escrito que, al realizar una revisión de la página web del sujeto obligado denominado “Congreso del Estado de Morelos”, en la dirección electrónica www.congresomorelos.gob.mx, y al ingresar al apartado de “Transparencia”,”se percató de que en el Catálogo de Información Contable Administrativa (OCA 18) aparece un archivo PDF en cada uno de los meses, aparentando que la institución está cumpliendo con cada uno de los puntos que establece dicha obligación.Sin embargo, al abrir cualquiera de esos archivos, se puede observar que no hay información alguna, sino una leyenda que dice textualmente:
“OCA 18: LICITACIONES Y CONCESIONES LAS CONVOCATORIAS RELATIVAS A CONCESIONES, LICITACIONES DE OBRAS, PRESTACIONES DE SERVICIOS O AUTORIZACIONES, LICENCIAS, PRESTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LAS MISMAS Y LOS CRITERIOS APLICADOS;
NO APLICAN AL CONGRESO DEL ESTADO TODA VEZ QUE ESTA SOBERANÍA NO EFECTÚA NINGÚN TIPO DE OBRA, NI CONCEDE LICENCIAS, NI DA PRESTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, NI CONCESIONES, NI REALIZA NINGÚN TIPO DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA. POR LO ANTES EXPUESTO NO PRODUCE INFORMACIÓN QUE PUEDA SER CONTENIDA EN DOCUMENTOS O EXPEDIENTES.
POR LO QUE RESPECTA A LA PROVEEDORES (SIC), ASÍ COMO LOS CONTRATOS VIGENTES CON LOS MISMOS, Y COMO EN EL ARRENDAMIENTO, EL CRITERIO ESTABLECIDO ES COSTO-BENEFICIO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS DE LAS Y LOS DIPUTADOS, LAS COMISIONES Y EL PERSONAL DE ESTA LII LEGISLATURA (SIC). LOS GASTOS EFECTUADOS SE PUBLICAN EN EL RUBRO DE CUENTAS PÚBLICAS Y LOS MISMOS SE SUJETAN A LO ESTABLECIDO POR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, A LA QUE HABRÁ DE SUJETARSE AL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ASIGNADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS”.
En opinión del denunciante, la burda justificación del Congreso Local va en contra de la disposición establecida en el título primero, artículo 2 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 27 de abril del 2016, que establece como uno de los objetos de dicha ley “Promover la transparencia en el ejercicio de la función pública y de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas, mediante la implementación de políticas públicas que garanticen un flujo de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa en formatos adecuados y accesibles en congruencia con el principio de máxima publicidad”.
También fue denunciado ante el IMIPE, Miguel Ángel Sandoval Cervantes, quien se desempeñaba como coordinador de Comunicación Social del Congreso Local (y actualmente ocupa el mismo cargo pero en el Poder Ejecutivo), ya que firmó dos oficios en diferente fecha dirigidos al responsable de la Unidad de Información Pública, en uno diciendo que durante el mes de enero del 2016 no se realizaron pagos a medios, y en el otro indicando que “se remite la relación de pagos a medios” durante ese mismo mes, por lo que podría ser sancionado.
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
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