René Vega Giles
El viernes negro del fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, llegó porque a pesar de la protección que tiene del Poder Legislativo para permanecer en el cargo diversos sectores y figuras públicas de la entidad exigen su separación del cargo, para dar credibilidad a la institución.
Y por si fuera poco además acudió al juicio oral intermedio en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, que mantiene en su contra Uriel Carmona, por la comisión del delito de tortura iniciado por Juan Manuel “N” o “El Diablo”, a quien señaló de haber secuestrado y asesinado tres trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Los aspirantes a la candidatura al gobierno estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) Margarita Flores Saravia y Juan Ángel Flores Bustamante, coincidieron en que el fiscal General del Estado debe retirarse del cargo para enfrentar legalmente los cuatro procesos judiciales en su contra, no mediante el uso de un fuero constitucional que solamente daña su imagen y la de la propia institución.
Por separado, Margarita González Saravia y Juan Ángel Flores Bustamante sentenciaron que Uriel Carmona Gándara debe rendir cuentas sobre su actuación como servidor público, separarse y que sea el Congreso quien defina un nuevo titular d ela Fiscalía General del Estado (FGE).
A su vez la diputada local Erika Hernández Gordillo estimo sano que Uriel Carmona Gándara pida licencia al cargo para limpiar la imagen de la FGE, porque más allá de la persona las instituciones tienen mayor importancia.
«Lo sano sería que pudiera una licencia (Uriel Carmona), nosotros no somos juzgadores. Sin embargo, por un conflicto de intereses lo sano es que pida licencia. Desafortunadamente muchos compañeros utilizaron la tribuna para crear un conflicto, en apoyo al fiscal», manifestó.
Mientras, colectivos de feministas manifestaron su posición de que ya es tiempo de cambiar de titular al fiscal General del Estado, como en todo el ministerio público porque solamente de sus principales servidores públicos solo reciben amenazas.
La última, destacó una de las voceras de nombre Alejandra Laguna Rodríguez, fue la exjuez Aida Hernández, quien es colaboradora de la FGE, durante la presentación del informe de Uriel Carmona Gándara ante los diputados locales, cuando se manifestaban por la falta de respuesta a los feminicidios cometidos en la entidad.
Y mientras eso sucedía, en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, del municipio de Xochitepec, sin su personal de custodio y acompañado solamente de sus abogados el fiscal General del Estado acudió al juicio oral intermedio, para declarar sobre las acusaciones de tortura hechas a Juan Manuel “N” o “El Diablo”.
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