René Vega Giles
En una primera revisión parcial dentro de la construcción de cuatro edificios construidos a medias durante el gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezado por Graco Ramírez, fueron detectados sobre precios por más de 300 millones de pesos.
Los cuatro edificios casualmente fueron obras ejecutadas por la empresa “Ago Operadores S.A. de C.V”, que además actualmente reclaman pagos “pendientes” de la administración pasada.
La primera revisión hecha por las secretarías de la Contraloría y de Obras del gobierno estatal, detectaron que por los materiales aplicados en la sede del Congreso local son de tercera calidad, además de que entregaron el edificio en un 60 por ciento de su construcción.
De hecho, aun todavía el sistema de aire acondicionado, un elevador, la cisterna y otras áreas siguen sin funcionar en su totalidad, pero la empresa reclamó 90 millones de pesos en adeudos.
Otro edificio en obra negra dejado por “Ago Operadores S.A. de C.V”, conforme a las dependencias antes referidas, es la Fiscalía General del Estado que tuvo un costo de 500 millones de pesos, pero fue entregada en un 50 por ciento y todavía hay el reclamo de los particulares de adeudos por 120 millones de pesos.
De igual manera, la Ciudad Judicial del estado, ubicada en la comunidad de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, a pesar de que tuvo un costo de 800 millones de pesos, opera al 80 por ciento, hay fallas en diversas áreas y sobre todo ya presenta grietas.
En cuanto al inmueble del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), también ubicado en el municipio de Xochitepec, cuyo costo original era de 24 millones de pesos al momento han sido erogados 60 millones de pesos y continúa sin concluirse al 100 por ciento.
De ahí que la Contraloría del estado inició una auditoría especial y forense sobre las cuatro construcciones antes referidas, de las cuales al conocer los resultados podrían darse más denuncias administrativas y penales contra el exgobernador Graco Ramírez, así como la exsecretario de Obras, Patricia Izquierdo Medina.
Incluso, hasta por incumplimiento de contrato y otros posibles delitos ejercer acciones penales hacia la constructora “Ago Operadores S.A. de C.V”.
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